Después del visto bueno del Senado, que el domingo abrogó la ley que pone candados legales a la dictación de un Estado de excepción por parte del Ejecutivo, este martes sesionará la Cámara de Diputados para revisar esa norma y, previsiblemente, sancionarla. De esta manera, se abre la posibilidad de que el gobierno del presidente Rodrigo Paz proceda con esa medida.
El gran debate del momento es si debe o no dictar de una vez el Estado de excepción. El Comité pro Santa Cruz viene exigiéndolo, pero con la particularidad de que sea “sectorizado”, es decir, solo en algunas partes del territorio nacional.
El Estado de excepción siempre ha estado sobre la mesa. Se trata de una figura presente en todas las democracias del mundo y que se usa, sobre todo, para enfrentar amenazas externas. En América Latina se ha usado en países donde los índices de homicidios se habían disparado preocupantemente, como en El Salvador de Nayib Bukele o en el Ecuador de Daniel Noboa. En ambos casos, habiendo sido tomados por la violencia de pandillas y de grupos íntimamente ligados al narcotráfico, que siembran el pánico con fines estrictamente delincuenciales.
La abrogación de la Ley 1341, desarrollada por la Asamblea de mayoría masista durante la gestión de Jeanine Áñez y pensando en permitir que los afines a Evo Morales continuasen aprisionando al país mediante medidas ilegales como el bloqueo de caminos, era necesaria porque, en los hechos, amarraba las manos del Ejecutivo y lo convertía en su rehén.
El desamarre llega en un momento en que gran parte del país, por no decir la mayoría, está no solo pidiendo, sino exigiendo un Estado de excepción, pero limitado al área geográfica más afectada por los bloqueos y la violencia: al departamento de La Paz.
La conflictividad social forma parte de la tradición política boliviana. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre la protesta legítima y las acciones destinadas a forzar la caída de un gobierno constitucional mediante mecanismos de presión extraparlamentaria. Cuando los bloqueos paralizan carreteras, impiden el abastecimiento de alimentos, afectan el acceso a servicios médicos y buscan generar asfixia económica para precipitar una renuncia presidencial, se cruza una línea peligrosa que amenaza el orden democrático.
La ciudadanía parece haber comprendido con claridad esa diferencia. Más allá de simpatías partidarias o críticas legítimas al gobierno de turno, amplios sectores de la población han expresado un abierto rechazo a los bloqueos y a las estrategias de confrontación permanente. El cansancio social es evidente. Bolivia necesita estabilidad para recuperar crecimiento económico, empleo y confianza institucional; no puede permanecer atrapada en una lógica de conflicto perpetuo, impulsada por intereses de poder que priorizan ambiciones personales sobre el bienestar colectivo.
