La reciente noticia de que grupos de cocaleros afines al expresidente Evo Morales ingresaron a la Novena División del Ejército ubicada en Villa Tunari, provincia Chapare, preocupa por la falta de respeto a las Fuerzas Armadas de la Nación, que, en conflictos como los actuales y en completo desamparo, terminan inevitablemente humillada.
No es posible que grupos de hombres y mujeres que protegen a un fugitivo de la justicia, como lo es Morales, se tomen la atribución de parapetarse en un cuartel militar, a título de protesta social. Nada, ningún tipo de reivindicación justifica el accionar violento de ciudadanos en contra de una institución encargada de brindar seguridad a un país.
El Estado debe hacer respetar a las unidades militares acantonadas en el territorio nacional. Si no lo hace; si no sabe cuidar a sus propias fuerzas del orden, ¿qué se puede esperar —ojalá no ocurra nunca— en caso de una agresión internacional? Si grupos de unas decenas de cocaleros entrar como si nada a la Novena División del Ejército para exigir explicaciones, ¿cuánto le costaría entrar a un país agresor del nuestro en un eventual conflicto bélico?
Por lo demás, las poblaciones afectadas por los bloqueadores y por la ausencia de Estado, después un mes de manifestaciones que rayan en el delito, se está multiplicando y cada vez más sectores, cansados de esperar en vano una solución que nunca llega, no tienen más remedio que protestar y exigir acciones efectivas del gobierno de Rodrigo Paz.
Un mes de discursos y pedidos inútiles de diálogos han sido suficientes. Las poblaciones —especialmente las de La Paz y El Alto— están colapsadas por el cerco de campesinos y afiliados a la COB, más las manifestaciones de choferes molestos por la crisis de la gasolina basura. Faltan alimentos (o, los que hay, se consiguen a precios exorbitantes), los medicamentos se encarecen y algunos productos vitales, como el oxígeno, está escaseando.
En el resto del país, unos más, otros menos, ya han empezado a sentir las consecuencias negativas de los bloqueos de carreteras. Esta crisis no da para más, necesita de políticas firmes y decididas, siempre en el marco de lo que dicta la Constitución Política del Estado.
Algunas instituciones como el Comité pro Santa Cruz y civiles autoconvocados en esa y otras ciudades han comenzado a amenazar con reunirse y salir a desbloquear, lo que podría ser muy peligroso por la confrontación entre bolivianos. Incluso en esos llamados ya se ha filtrado el resurgimiento de sentimientos de odio que se traducen en racismo; una vez más, la intolerancia de unos bolivianos con otros también bolivianos: la pelea fraticida.
Por otro lado, ha ido cobrando fuerza la idea de una intervención de la Policía al Chapare para cumplir con la orden judicial de aprehensión de Evo Morales, acusado de trata de personas. Ante el evidente temor del Gobierno de que una acción de ese tipo provocara enfrentamientos con consecuencias fatales, usuarios en redes sociales han llegado a plantear la participación de otros países como, por ejemplo, Estados Unidos, recordando lo hecho por la administración de Donald Trump con Nicolás Maduro en Venezuela.
Hay prácticamente unanimidad en que Morales está detrás de los conflictos en Bolivia. Y el exmandatario sigue libre pese a que hace más de un año pesa sobre él una orden de aprehesión por un delito tan grave como el de haber tenido una hija con una menor de edad.
