Hoy se cumple un día más de los bloqueos instruidos por la Central Obrera Boliviana (COB). Hay órdenes de aprehensión, pero sin aprehendidos lo que pinta, mejor que nada, lo que está ocurriendo en el país.
El diálogo —y la crisis— se ha estancado. Este jueves, pese a que la segunda jornada de intentos de acercamientos llegó con el aval de la convocatoria de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), por la parte de los bloqueadores no estuvieron presentes los dirigentes que lideran las medidas de presión, mismas que continúan asfixiando, sobre todo, al occidente del país.
Con excepción de los manifestantes radicales, a quienes no se puede considerar “mayoría”, cada vez suman más los sectores que claman por el diálogo como única vía para resolver esta crisis sin recurrir a la violencia.
A punto de cumplirse un mes de las movilizaciones, que han ido variando de motivos hasta plantarse en la única exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz, conviene preguntarse cuándo se originó este conflicto.
En primer lugar, la Central Obrera Boliviana (COB) planteó un pliego petitorio centrado en un incremento salarial del 20%. En los últimos 20 años, nunca antes había planteado un aumento de sueldos tan alto. En 2017, por ejemplo, solicitó el 10% al gobierno de Evo Morales y, luego de negociaciones que duraron un par de días, el asunto se cerró en 7%.
Ahí se puede ver una de las diferencias entre la COB de entonces y la de ahora. La anterior, de Juan Carlos Huarachi, había cruzado la línea del sindicalismo para convertirse en una organización aliada del entonces gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Tras la elección de Mario Argollo para reemplazar a Huarachi, la duda lógica era saber si habría un cambio en la relación entre el ente obrero y el Gobierno. Durante el periodo masista, ese y otros sectores tuvieron cuotas traducidas en ministerios y otras reparticiones estatales. Cogobernaban, tenían poder.
La llegada de Rodrigo Paz significó, en los hechos, el fin de sus privilegios.
La reacción de la COB fue la de lanzarse a las calles con una serie de exigencias, entre ellas, el incremento salarial del 20% cuando tan solo unos meses atrás, la administración gubernamental había dispuesto un aumento de ese mismo porcentajes al Salario Mínimo Nacional, llevándolo a Bs 3.300.
Las medidas de presión fueron escalando hasta involucrar, con una mayor fuerza, a los campesinos de los Ponchos Rojos, de La Paz, y a los cocaleros que protegen a Evo Morales en el trópico de Cochabamba, coincidentemente con los pedidos de ejecutar la orden de aprehensión pendiente contra el mandatario acusado de trata de personas.
Después de declaraciones públicas, a través de los medios de comunicación, que verdaderamente lindaban con el llamado a la subversión, se emitieron nuevas órdenes de aprehensión, esta vez contra los líderes del movimiento todavía en curso; entre ellas, una contra Argollo.
Ahora, los sectores movilizados condicionan su asistencia al diálogo al levantamiento de tales mandamientos judiciales.
Lo único que faltaría es que los bloqueadores del trópico planteen levantar sus bloqueos solo si se anula la orden de aprehensión en contra de Evo Morales.
