En Pocoata, norte de Potosí, tres jóvenes acusados de un robo fueron sacados de una dependencia policial, sufrieron torturas que se hicieron virales y posteriormente aparecieron muertos.
Poco después, en Viacha, un niño gritaba desesperado mientras una multitud avanzaba sobre tres adolescentes acusados de robo. “¡No lo maten, somos huérfanos!”, imploró en medio de la tensión. Entre ambos episodios existe un hilo conductor inquietante: la creciente incapacidad del Estado para garantizar que la ley prevalezca sobre la violencia.
Los hechos han generado conmoción nacional y obligan a una reflexión que va más allá de la crónica policial. No estamos únicamente frente a delitos particularmente graves o ante la indignación de comunidades que exigen respuestas. Lo que emerge detrás de estos acontecimientos es una crisis más profunda, vinculada con la confianza en las instituciones encargadas de investigar, juzgar y sancionar conforme a la ley.
No pocos observadores de nuestra singular realidad vacilan a la hora de atribuir a la mala administración de la justicia, algunos de nuestros males que ya son crónicos o están camino a serlo.
Por ejemplo, de ese espantoso expediente de cobrar justicia por mano propia vía despiadado linchamiento, se coincide en que realmente se constituye en una reacción primitiva, intolerable a estas alturas, mas no faltan los que la justifican con la inoperancia de la justicia ordinaria.
A nadie se le ha cruzado por la mente siquiera la idea de adoptar los linchamientos como medida ejemplarizadora a la vez. Pero muchos creen que con este proceder brutal se llenan los sentidos vacíos que dejan los tribunales llamados a administrar las leyes y aplican sanciones y penas.
Por otro lado, también se ha extendido la idea de que sirve poco o nada que la justicia se aplique con la severidad y la equidad que cada caso delictivo requiere. Nunca, se dice con manifiesto aire de frustración, se dará un escarmiento a los que violan las leyes, a los que hieren o matan a sus semejantes, apoyándose única y exclusivamente en el texto claro e inapelable de la norma escrita. Esta prevé cada caso y suele ser muy dura, pero de qué sirve si tan pronto como se da el veredicto para reparar una acción delictiva, empiezan a ponerse en juego las influencias sociales, políticas y económicas, a cuyo influjo nadie va a parar a la cárcel ni paga de modo alguno sus culpas.
Los hechos ocurridos en Pocoata y el intento de linchamiento registrado en Viacha no representan formas de justicia. Tampoco pueden confundirse con la jurisdicción indígena originaria campesina reconocida por la Constitución.
El orden constitucional boliviano protege la vida, la dignidad humana, el debido proceso, la defensa y la presunción de inocencia. Ninguna norma, costumbre o práctica puede justificar la tortura, la ejecución o el castigo colectivo.
