Analistas políticos señalaron que en el país se ha instaurado un “Estado de Decepción”, en alusión a la profunda desesperanza que embarga a los bolivianos frente a la indolencia de los gobernantes y la crudeza de los bloqueos extendidos en todo el territorio nacional. La Constitución Política del Estado contempla el Estado de Excepción para momentos extremos, cuando el orden público se quiebra y el país requiere medidas extraordinarias para restablecer la normalidad. Sin embargo, en Bolivia hemos tomado la enérgica determinación de ir un paso más allá –como ya es costumbre– y estrenar una figura no escrita, pero ampliamente vivida: el Estado de Decepción.
Este nuevo “régimen”, que no necesita promulgación ni publicación en la Gaceta Oficial, se ha instalado con una eficacia sorprendente. No requiere decreto supremo ni aprobación legislativa; basta con recorrer las carreteras bloqueadas, escuchar los discursos que se repiten como eco sin contenido o constatar cómo los problemas estructurales se manejan con discreción. Así, día tras día, se consolida un estado en el que lo único constante es la frustración colectiva.
En el “Estado de Decepción” no hay suspensión formal de derechos, pero sí una lenta y persistente erosión de las expectativas ciudadanas. El derecho a la libre circulación se convierte en una odisea, el acceso a bienes básicos se vuelve incierto y la estabilidad económica pasa a ser un concepto teórico. Todo esto ocurre mientras cada actor del conflicto se atrinchera en su propia verdad, convencido de que ceder es perder, aunque el país entero ya esté perdiendo.
El Gobierno, por su parte, parece haber perfeccionado el arte de administrar una crisis sin solucionar nada. Convoca al diálogo cuando la presión es insostenible, pero el diálogo llega tarde, se diluye pronto o simplemente se estanca, como ha ocurrido durante este último fin de semana. Las organizaciones sociales hoy parecen más preocupadas por sostener cuotas de poder y por favorecer la megalomanía de un expresidente que por canalizar soluciones reales. Y los bloqueadores, convertidos en protagonistas recurrentes, ejercen una presión que termina castigando más al ciudadano común que a las estructuras de poder que dicen interpelar.
Lo paradójico es que todos, unos más que otros, contribuyen a sostener este “Estado de Decepción”. Cada sector tiene su cuota de responsabilidad en este escenario donde la confrontación sustituye al entendimiento y la imposición reemplaza al consenso. Se exige democracia, pero se practica la presión; se invoca el bienestar del pueblo, pero se lo somete a constantes sacrificios.
A diferencia del Estado de Excepción constitucional, donde las medidas son temporales y buscan restituir el orden, el “Estado de Decepción” parece no tener plazo definido. Es un estado prolongado, casi permanente, en el que la normalidad se redefine a la baja: ya no se espera estabilidad, sino simplemente que la crisis no empeore demasiado. La resignación empieza a ocupar el lugar de la esperanza.
Mientras tanto, millones de bolivianos continúan con su vida como pueden: sorteando bloqueos, ajustando economías familiares golpeadas, adaptándose a la incertidumbre. Son ellos quienes, sin protagonismo político ni micrófono, sostienen al país en medio del desgaste. Son también quienes, en silencio, acumulan una decepción que no distingue colores políticos ni sectores sociales.
Quizá lo más preocupante de este “Estado de Decepción” es su capacidad de normalizarse. Cuando la crisis se vuelve paisaje, el riesgo ya no es solo el conflicto en sí, sino la pérdida de la capacidad de indignarse frente a él. Y en ese punto, el país deja de buscar soluciones para simplemente aprender a convivir con el problema.
Tal vez, en algún momento (que no sea muy tarde), alguien razone que ni la Constitución ni la historia contemplan un “Estado de Decepción” como fin político, social o económico.
Hasta entonces, el Estado de Decepción seguirá vigente. No necesita decreto, porque ya está instalado en la vida cotidiana de todos los bolivianos. Y, lamentablemente, sus efectos son más profundos y duraderos que cualquier medida constitucional.
