Después del visto bueno del Senado y de Diputados para abrogar la ley que ponía candados legales a la dictación de un Estado de excepción por parte del Ejecutivo, el presidente Rodrigo Paz promulgó la mentada norma, abriéndose a sí mismo la posibilidad de aplicar ese mecanismo previsto en la Constitución Política del Estado (CPE).
En las últimas horas, tres poderosos sectores: los industriales, los choferes y los cooperativistas mineros han exigido al Gobierno una respuesta contundente contra las protestas que hace 34 días asfixian al país, principalmente a la ciudad de La Paz. El lunes se les había adelantado la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) con un comunicado, en tono de urgencia, que no se leía desde hace muchos años.
La gravedad de la crisis puede medirse, además, con las renuncias en el gabinete de Rodrigo Paz. La última llama la atención: nada más y nada menos que la del ministro de Defensa, Marcelo Salinas, quien era, precisamente, la autoridad que debía encabezar las acciones en caso de haber un Estado de excepción.
El gran debate del momento es, justamente, si se debe o no dictar de una vez esa medida. El Comité pro Santa Cruz viene exigiéndolo, con la particularidad de que sea “sectorizado”, es decir, solo en algunas partes del territorio nacional.
El Estado de excepción siempre ha estado sobre la mesa. Se trata de una figura presente en todas las democracias del mundo y que se usa, sobre todo, para enfrentar amenazas externas. En América Latina, por ejemplo, en países donde los índices de homicidios se habían disparado como en El Salvador de Nayib Bukele o en el Ecuador de Daniel Noboa. En ambos casos, habiendo sido tomados por la violencia de pandillas y de grupos íntimamente ligados al narcotráfico, que siembran el pánico con fines estrictamente delincuenciales.
La abrogación de la Ley 1341, desarrollada por la Asamblea de mayoría masista durante la gestión de Jeanine Áñez y pensando en permitir que los afines a Evo Morales continuasen aprisionando al país mediante medidas como el bloqueo de caminos, era necesaria porque, en los hechos, convertía al Ejecutivo en rehén.
El desamarre llegó en un momento en que gran parte del país —a esta altura de los acontecimientos, probablemente, la mayoría— está exigiendo un Estado de excepción. Tal vez la idea de los cívicos cruceños sea la más atinada: al menos a un principio, delimitándolo al área geográfica más afectada por los bloqueos.
Las imágenes y declaraciones de miembros de la cúpula del evismo en El Alto, en pleno cabildo, este martes, son una muestra evidente de que detrás de este movimiento hay intereses políticos ya inocultables.
La conflictividad social forma parte de la tradición política boliviana. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre la protesta legítima y las acciones destinadas a forzar la caída de un gobierno constitucional mediante mecanismos de presión extraparlamentaria. Cuando los bloqueos de unos paralizan carreteras, impiden el abastecimiento de alimentos, afectan el acceso a servicios médicos y generan asfixia económica para precipitar una renuncia presidencial se cruza una línea inadmisible, pues amenaza el orden democrático y la paz de todos.
La ciudadanía parece haber comprendido con claridad esa diferencia: en varios departamentos han llegado incluso a organizarse, mediante plataformas, para salir a desbloquear. Más allá de simpatías partidarias o críticas legítimas al gobierno de turno, amplios sectores de la población han expresado un abierto rechazo a los bloqueos y a las estrategias de confrontación permanente. El cansancio es evidente. Bolivia necesita estabilidad para recuperar su economía y la confianza institucional; no puede permanecer atrapada de esta manera por culpa de intereses de poder que priorizan ambiciones personales sobre el bienestar colectivo.
