La soberanía constituye uno de los conceptos fundamentales de la teoría política y del derecho público. Se entiende como la potestad suprema que posee un Estado para gobernarse a sí mismo y adoptar decisiones dentro de su territorio, sin subordinación a otro Estado o autoridad externa.
Este concepto puede analizarse desde dos dimensiones complementarias:
- Soberanía interna: la capacidad efectiva del Estado para ejercer autoridad, garantizar el cumplimiento de las leyes y preservar el orden dentro de su territorio.
- Soberanía externa: la independencia frente a otros Estados, de modo que ninguna potencia o actor extranjero pueda imponer decisiones que vulneren su autodeterminación.
Según el jurista francés Jean Bodin, la soberanía es “el poder absoluto y perpetuo de la República”, es decir, la facultad suprema de mando dentro del Estado.
Hoy más que nunca, me pregunto si, desde aquel 6 de agosto de 1825, Bolivia, como Estado naciente, ha ejercido plenamente su soberanía; aquella anhelada independencia que debía permitirle construir su futuro sin interferencias externas, impulsar su desarrollo, fortalecer su identidad como nación pujante y brindar a sus ciudadanos un auténtico sentido de pertenencia y bienestar.
A lo largo de sus dos siglos de vida republicana, Bolivia ha transitado entre proyectos de construcción nacional y recurrentes crisis políticas, caracterizadas por golpes de Estado, guerras civiles y períodos de inestabilidad institucional.
Asimismo, sufrió profundas pérdidas territoriales y enfrentó conflictos internacionales, como la Guerra del Pacífico y la Guerra del Chaco, acontecimientos que marcaron de manera decisiva su identidad nacional y su relación con los países vecinos.
En el ámbito económico, el país alternó ciclos de auge y declive —desde la plata y el estaño hasta los hidrocarburos— acompañados por crisis fiscales, procesos inflacionarios, endeudamiento y persistentes desigualdades sociales.
Pese a estas adversidades, Bolivia ha demostrado una notable capacidad de resiliencia, preservando su unidad nacional y avanzando gradualmente en la consolidación de la democracia y la inclusión política.
Sin embargo, frente a la encrucijada que afrontamos en la actualidad, surge una interrogante inevitable: ¿está Bolivia atravesando un proceso de pérdida de soberanía? Esta preocupación se origina en la acción de grupos minoritarios que recurren a la violencia y cometen actos que podrían considerarse atentatorios contra derechos fundamentales, al privar a la población de alimentos, medicamentos y combustibles, mientras el Gobierno mantiene una actitud que muchos perciben como pasiva e insiste en dialogar con actores que no muestran voluntad de hacerlo.
La debilidad del Gobierno y, por extensión, del Estado, se manifiesta en su incapacidad para garantizar derechos elementales de la población, como la libertad de tránsito, la seguridad y el acceso a bienes esenciales. Al mismo tiempo, parece mostrarse inerme frente a acciones de carácter coercitivo ejercidas por grupos que mantienen bloqueado al país desde hace semanas y cuyo principal objetivo es la renuncia del Presidente constitucionalmente electo. Estas acciones, además, ya han cobrado la vida de varios ciudadanos.
El desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos hospitalarios alcanza niveles cada vez más insostenibles y conduce a la población pacífica y mayoritaria del país —que soporta enormes sacrificios— al límite de su capacidad de tolerancia.
Ante la intransigencia de los bloqueadores y la inoperancia gubernamental, este grave problema nacional parece no encontrar una salida viable, situándonos en una suerte de callejón sin salida. En este contexto, surge la propuesta del legislador Carlos Alarcón, basada en el principio de que “la autoridad investida por el voto, solo por el voto podría ser revocada”. En consecuencia, plantea que la Asamblea Legislativa apruebe, por dos tercios de sus miembros, una ley interpretativa de la Constitución que permita convocar a un referéndum revocatorio extraordinario en un plazo de tres meses.
Pero, ¿por qué sostengo que nos encontramos ante una pérdida de soberanía? Porque defender la soberanía implica garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía, preservar la institucionalidad democrática, combatir al crimen organizado en lugar de pactar con él o someterse a sus presiones, impedir que minorías impongan la anarquía y asegurar la vigencia efectiva de la autoridad estatal en todo el territorio nacional. También significa evitar que el narcotráfico consolide espacios donde la ley deja de cumplirse, donde se asesina impunemente a miembros de las fuerzas del orden y donde encuentran refugio quienes eluden la acción de la justicia.
En sentido contrario, la pérdida de soberanía se manifiesta allí donde el Estado carece de capacidad para hacer prevalecer la ley y donde su autoridad resulta desplazada por poderes fácticos que operan al margen del orden jurídico.
No sé si la propuesta del legislador Alarcón es acertada o equivocada. Quizás constituya una salida legal que evite ceder ante las presiones de los grupos bloqueadores y, al mismo tiempo, otorgue una legitimidad democrática a la búsqueda de una solución. Lo que sí considero evidente es que el Estado estaría renunciando al ejercicio pleno de su soberanía al dejarla, en los hechos, en manos de grupos cuya capacidad de presión parecería superar a la del propio Estado y cuyo liderazgo político ejerce una influencia determinante desde el Chapare.
La alternativa a la propuesta de Alarcón para el Gobierno, es afrontar el problema con seriedad, sacar fuerzas de flaqueza e imponer el orden.
Recordemos la frase que dice: "Cuando un Estado renuncia a ejercer su autoridad para evitar el conflicto, no solo no preserva la paz, sino que termina enfrentando el conflicto en condiciones más desfavorables".
