Hay una frase que Bolivia debería empezar a repetir sin anestesia, sin romanticismo revolucionario y sin esos matices cobardes que siempre aparecen cuando el muerto lo pone otro: los bloqueos también matan. No “incomodan”, no “presionan”, no “expresan el malestar popular”. Matan.
Matan cuando una ambulancia no pasa. Matan cuando el oxígeno no llega. Matan cuando una persona enferma queda atrapada detrás de una barricada levantada por dirigentes que se atribuyen el derecho de decidir quién circula, quién se alimenta y quién llega vivo al hospital.
Después de más de un mes de bloqueos, ya se cuentan trece fallecidos vinculados al conflicto. Trece personas que necesitaban atención médica, traslado, medicamentos o simplemente una carretera abierta. No pudieron acceder a ello porque alguien decidió que su protesta valía más que la vida ajena.
Ahí debería terminar cualquier discusión. Pero en Bolivia siempre aparece alguien dispuesto a justificar lo injustificable. Algunos opinadores afirman que esta crisis debería servir para que las ciudades “aprendan” a valorar a los campesinos, porque gracias a ellos nos alimentamos. La frase suena profunda hasta que uno la examina durante treinta segundos.
Nadie le regala nada a nadie. Los productores venden, los consumidores compran. Es un intercambio económico, no una obra de caridad. Con el dinero que reciben por sus productos, los agricultores compran ropa, vehículos, herramientas, medicamentos, materiales de construcción y bienes producidos en otros lugares. No hay benefactores ni beneficiarios. Hay ciudadanos intercambiando bienes y servicios.
Y además, el problema nunca fue que alguien decida no venderle alimentos a La Paz. Si un productor quiere vender sus papas en Oruro, Santa Cruz, Perú o la China, está en su derecho. El problema empieza cuando se bloquean carreteras para impedir que entren alimentos de otros departamentos, carne de Santa Cruz, arroz del oriente, medicamentos del exterior, combustible o tubos de oxígeno. Ahí ya no estamos hablando de comercio, estamos hablando de cerco.
Y un cerco contra población civil tiene implicaciones mucho más graves que una simple medida de presión sindical, aunque digan “estamos luchando por el pueblo”. ¿Quién es exactamente el pueblo? Los pacientes que murieron esperando atención médica son pueblo. Los niños que no pueden llegar a clases son pueblo. Los comerciantes quebrados son pueblo. Los habitantes de La Paz que llevan semanas soportando desabastecimiento son pueblo.
Sin embargo, pareciera que algunos sectores han decidido que hay ciudadanos de primera categoría y ciudadanos prescindibles. Y detrás de todo esto aparece una sombra mucho más larga. Evo Morales está cómodo en el Chapare. Pero buena parte de la fractura que hoy vivimos fue sembrada durante sus años de gobierno. Durante más de una década se alimentó una narrativa política basada en dividir al país entre indígenas y mestizos, campo y ciudad, pueblo y antipueblo. Esa división resultaba útil porque convertía cualquier desacuerdo político en una batalla moral. Hoy estamos viendo algunas de las consecuencias.
No son todos los aymaras, ni siquiera una mayoría de ellos, pero sí existen dirigentes radicales que han empezado a sostener un discurso inquietante: que Bolivia pertenece exclusivamente a determinados grupos étnicos, que ciertos sectores tienen un derecho natural a gobernar y que quienes viven en las ciudades son poco menos que intrusos dentro de su propio país. Ese discurso tiene nombre, se llama supremacismo.
Y el supremacismo no se vuelve más aceptable porque se presente como reivindicación histórica. Peor todavía cuando se combina con expresiones de odio abiertas: que se mueran los de la ciudad, que no pasen ambulancias, que no entre oxígeno, que no entren alimentos. Si esas ideas se traducen en acciones concretas contra población civil, dejan de ser simples exabruptos políticos para convertirse en algo mucho más peligroso.
El discurso de dio basado en una supremacía étnica, que además deja de ser discurso para convertirse en acciones concretas en contra de un grupo que se considera inferior o diferente es un crimen y así debe ser denunciado en cortes internacionales. Además, el Estado debe combatir esto con todas las herramientas legales para evitar que cunda y comiencen a generarse discursos y acciones de odio todos contra todos.
El Gobierno de Rodrigo Paz tiene la obligación de dialogar con demandas legítimas, pero no puede dialogar de rodillas con quienes utilizan enfermos como ficha de negociación. Debe garantizar corredores humanitarios, documentar cada caso, perseguir penalmente a quienes impidan ambulancias y proteger a la población civil sin convertir la respuesta estatal en una tragedia mayor.
Una marcha es protesta, un bloqueo temporal puede ser presión, pero un cerco prolongado que deja muertos, desabastecimiento y hospitales al límite empieza a parecerse peligrosamente a otra cosa. Los bloqueadores están bloqueando el derecho de otros a vivir. Y cuando una causa necesita muertos para hacerse escuchar, deviene barbarie con megáfono.
Bolivia puede soportar discusiones, marchas, huelgas y crisis. Lo que no puede normalizar es que alguien decida quién come, quién se cura y quién llega vivo al hospital. Porque una cosa es luchar por el pueblo, y otra muy distinta es matar al pueblo para demostrar que se lo defiende.
