Este diario advirtió, desde los primeros días de febrero, que se había puesto en marcha un proceso sedicioso en el país y lo que se vive en la actualidad lo confirma.
Los bloqueos que tienen asfixiadas a varias ciudades no son protestas, puesto que no reivindican derechos señalados como tales, sino que buscan interrumpir el orden legal instituido en el momento en que se convocó a elecciones para renovar los cargos nacionales electivos. Un mes después del inicio de las movilizaciones, la demanda principal es la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
De principio, la Central Obrera Boliviana (COB) planteó esa exigencia en un cabildo, una instancia, procedimiento o mecanismo que no figura en su estatuto. Para llegar a ese punto, se saltó instancias como una reunión plena de su Comité Ejecutivo Nacional y el Ampliado Nacional.
El viernes, en Caracollo, Oruro, hubo otra reunión a la que se llamó cabildo. Allí se determinó ratificar la exigencia de renuncia del primer mandatario y la imposición de un cerco a La Paz como método para llegar a ese objetivo. Un cerco es, directamente, una acción de guerra y no puede considerarse una protesta.
Uno de los problemas de fondo del actual conflicto es que ninguna de las partes está aplicando la norma, tanto sindical como jurídica. Estamos hablando de un choque de facciones sin ley, lo que equivale a un estado de barbarie, ni siquiera de guerra puesto que en esta última existen reglas ineludibles que buscan, como fin supremo, la protección de la vida de terceros no involucrados.
En el actual conflicto existen varias víctimas civiles no involucradas, que van desde las reportadas por la Defensoría del Pueblo a otras más mencionadas por fuentes no oficiales. Hasta este sábado, nueve personas fallecieron por razones vinculadas con los bloqueos.
Pero lo ocurrido durante el intento de desbloqueo de San Julián, en el departamento de Santa Cruz, con heridos de arma de fuego, es sumamente grave. De pronto, los protagonistas de los cierres de caminos pasaron de restringir el libre tránsito por el territorio nacional a constituirse en grupos armados. Queda entonces descartada la idea de una protesta pacífica.
El gobierno de Paz está a punto de cumplir siete meses, que son pocos. Y hay indicios de que el proceso sedicioso en marcha se ejecuta aparentemente por etapas desde un tiempo atrás, desde febrero. ¿Cuál fue la reacción del Ejecutivo? Se ha advertido una respuesta tardía, cuando, sobre todo, la ciudadanía paceña daba muestras de un estrangulamiento económico severo.
En ese sentido, a mucha gente decepcionó —y a otra directamente molestó— que no se haya buscado el desbloqueo a tiempo, antes de que la situación de crisis escalara al grado social de absoluta desesperación e indignación en el que hoy se encuentra Bolivia por haberse rebasado todos los límites.
