El 8 de abril avanzaban marchas de indígenas rumbo a La Paz en rechazo a la Ley 1720. Mientras, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, en ampliado de 21 de abril, decidió “respaldar moral y materialmente” a marchas indígenas, también “apoyadas” por transportistas, maestros y otros sectores de trabajadores. Los mineros iniciaron una marcha a La Paz, mostrando mayor notoriedad por el uso destructivo de explosivos.
El sector minero fue el primero en ser “atendido” por el Gobierno, no en el pedido inicial sino en su propio pliego petitorio: libre exportación de minerales, aprobación inmediata de Contratos Administrativos Mineros y exclusión del control por la Defensoría de la Madre Tierra en sus actividades mineras. Sin difundir el convenio, el repliegue de mineros fue inmediato.
Desapercibido para la mayoría, fue el nuevo “tapabocas”: “Reglamento de adecuación de derechos mineros simplificado”, aprobado por el Ministerio de Minería y Metalurgia con Resolución Ministerial No. 069/2026 (30 de abril), dando continuidad al modelo extractivista, ampliamente favorecido en los gobiernos de Evo Morales y Arce, con normas y acciones permisivas para el desarrollo de acciones irregulares de una extracción minera descontrolada y la contaminación con mercurio a comunidades donde se posesionan extractivistas mineros. Pareciera que solo colectivos ecologistas y activistas ambientales alcanzan a visualizar las consecuencias letales para la gente, flora y fauna, además de la destrucción de su hábitat.
Antecedentes. El origen normativo fue la Ley 535 de Minería y Metalurgia (mayo de 2014), promulgada en el gobierno de Morales, que estableció las bases regulatorias de la actividad minera. Entonces, sectores indígenas y colectivos ambientales denunciaron la otorgación de excesivas prerrogativas a cooperativas mineras, abriendo puerta al reconocimiento de derechos mineros preconstituidos en áreas de alta sensibilidad ecológica (Áreas Protegidas) y en Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Se dio la transformación de cooperativas mineras, originalmente concebidas como asociaciones de ayuda mutua y trabajo artesanal: muchas mutaron a organizaciones con grandes cantidades de capital y maquinaria pesada, actuando en la práctica como empresas privadas y gozando de ventajas tributarias y normas permisivas.
La continuidad con Luis Arce y Rodrigo Paz. En la gestión de Arce se impulsó la polémica Ley 1503 (mayo de 2023), denominada “Ley del Oro”, cuyo objetivo era que el Banco Central compre oro para fortalecer las reservas internacionales. Según colectivos y defensores de la Amazonia, sirvió como incentivo indirecto para blanquear y expandir la explotación aurífera legal e ilegal.
El gobierno de Paz enfrenta una alta polarización económica y social. En respuesta a la presión de diferentes sectores, fue cediendo en prerrogativas exigidas sin responder a una planificación previa, menos a un modelo económico y social. El nuevo reglamento elimina requisitos exigidos a las cooperativas mineras, como ser la obligatoriedad de licencia ambiental y seguir un proceso de consulta previa, prácticamente normativa “borrada”, vulnerando derechos indígenas y dejando desprotegidos sus territorios frente a la actividad extractiva.
Entre las observaciones están:
- Trato diferenciado a privados vs. cooperativas para operar. Se reducen requisitos para las cooperativas, mientras se exige casi el doble de trámites a la minería privada y empresas estatales siendo obligatorios la licencia y planes de trabajo e inversión.
- Flexibilización parcializada de las normas de control ambiental y social. Beneficia directamente al sector cooperativista, facilitando su operación sin los filtros socioambientales tradicionales que se imponen a otros sectores económicos.
- Nuevas clasificaciones: se definen de manera específica categorías para las “adecuaciones especiales”, abarcando actividades aisladas como la concentración, beneficio, fundición o refinación de minerales y metales.
¿Cuáles son las consecuencias de salud y ambientales?
- Aumento del uso desmedido de mercurio que se utiliza para amalgamar el oro: al ser vertido sin control en los ríos, se transforma en metilmercurio, ingresando en la cadena alimentaria a través de los peces. Estudios médicos en comunidades originarias como los Esse Ejja o los Tsimanes (pueblos ribereños y pescadores en la Amazonía) ubicados en Beni, Pando y el norte de La Paz demostraron niveles de contaminación que duplican o triplican los límites máximos permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), provocando daños neurológicos irreversibles.
- “Fachada” para capitales extranjeros: Aunque formalmente las cooperativas de trabajadores locales operan bajo esa figura, activistas e investigaciones periodísticas evidencian que muchas de ellas trabajan en alianza con capitales extranjeros camuflados (frecuentemente dragas chinas o colombianas, conocidas localmente como “carolinas”), aportando tecnología pesada a cambio de porcentaje en las ganancias.
- Deforestación e incendios provocados: Deforestación de riberas fluviales destruye ecosistemas de amortiguación hídrica y promueve el uso de fuego para abrir paso a campamentos, caminos y zonas de lavado de tierras, afectando a parques nacionales de renombre internacional como el Madidi o el Pilón Lajas.
He ahí, camuflado, el quid del problema, con graves consecuencias.
* Es economista y socióloga.
