La norma que regula los estados de excepción ha sido promulgada y si eso es lo que el Gobierno estaba esperando para cumplir su obligación constitucional de dotar de seguridad a los habitantes del país, ya no tiene más pretextos para no actuar.
Después de más de un mes de bloqueos, protestas, escasez de productos esenciales, desgaste económico y enfrentamientos, Bolivia parece haber llegado al punto en el que las posiciones no pueden seguir siendo las mismas. Ni el Gobierno ni los sectores movilizados disponen ya de demasiado margen para prolongar indefinidamente una situación que erosiona la convivencia y profundiza la incertidumbre.
El pasado feriado largo ha ofrecido un breve respiro. Fue un tiempo para recobrar fuerzas, recalcular estrategias y medir apoyos, pero también ha servido para confirmar que ninguno de los problemas que detonaron la crisis ha sido resuelto: restablecer la confianza de los votantes es inviable mientras las carreteras siguen siendo escenario de disputa, la economía continúa resentida y la distancia entre el poder político y los bloqueadores se ha incrementado.
El presidente Rodrigo Paz no solo tiene la norma especial que regule el Estado de excepción, sino el clamor de mucha gente para que este se dicte de una vez. A ello se suma el respaldo explícito de Estados Unidos, que ha reiterado su apoyo a la estabilidad institucional y al gobierno democrático boliviano. Desde la lógica del poder podría interpretarse como una posición fortalecida, pero, en un país como el nuestro, esa puede ser la causa por la que las autoridades no se han atrevido a poner orden.
De todos modos, urgen las acciones. Las inversiones no llegan a un país bloqueado. La estabilidad no se construye únicamente con decretos. La seguridad jurídica no puede prosperar en medio de una crisis social permanente. Y la reconciliación no se consigue cuando una parte considerable de la sociedad siente que no tiene canales efectivos para expresar sus demandas.
Esto no significa que las demandas de los sectores movilizados sean necesariamente coherentes, ni que sus métodos estén exentos de responsabilidad por los daños ocasionados. Los bloqueos prolongados castigan especialmente a los más vulnerables y generan pérdidas, pero reducir el conflicto a un problema de orden público sería ignorar las causas profundas que lo alimentan.
Por eso, independientemente de cómo termine esta semana, Bolivia deberá empezar a discutir algo más ambicioso que una salida coyuntural. El país necesita un nuevo pacto político capaz de ofrecer certidumbre institucional, reglas económicas sostenibles y mecanismos efectivos de representación para quienes hoy se sienten excluidos de las decisiones nacionales. Es evidente que el primer mandatario y sus asesores más empoderados de hoy no han entendido el lugar al que nos ha llevado su apuesta.
La crisis actual puede resolverse por agotamiento, por negociación o por imposición. Pero ninguna de esas salidas garantizará estabilidad duradera si no se abordan las fracturas estructurales que la han hecho posible. La solución a la crisis no debería servir únicamente para determinar quién gana esta pulseada, sino para empezar a definir cómo evitar la próxima y, eso pasa por identificar las causas de los problemas que ocasionaron una de las protestas más prolongadas de nuestra historia.
