La crisis social se agrava día que pasa y varios sectores del país están tocando fondo. Los bloqueos prolongados, los enfrentamientos violentos, el desabastecimiento de alimentos y carburantes y la creciente tensión política exigen liderazgo, serenidad y capacidad de construir puentes.
La expectativa creada tras la promulgación de la Ley de Regulación de los Estados de Excepción se ha ido diluyendo a medida que diferentes voceros del Gobierno prácticamente descartaban la posibilidad de una inmediata declaratoria de la acción política que cada vez más sectores exigen. En las últimas horas, uno tras otro, los comités cívicos del país han reiterado su pedido de que se dicte un Estado de excepción sectorializado. El pasado 29 de mayo, el vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, declaró que el movimiento cívico nacional hacía esa solicitud a la administración de Rodrigo Paz como una medida urgente para desactivar las movilizaciones. Desde entonces, han pasado casi dos semanas y no ha habido una respuesta en ese sentido.
El Gobierno, a nombre del Estado boliviano, tiene la obligación de restaurar el orden legal en el país. Después de cuatro días de la promulgación de la referida ley, que da vía libre a la dictación de un Estado de excepción, no solo que esto no ha ocurrido, sino que la cantidad de bloqueos ha aumentado, lo mismo que las filas para comprar combustible.
Los bloqueos hace mucho que han dejado de ser considerados “medidas de presión” para convertirse en acciones ilegales atentatorias de los derechos de la mayoría de los bolivianos.
El drama que viven unos 5.000 transportistas hace más de 40 días en las carreteras bloqueadas es una triste constatación de la falta de empatía y del irrespeto a los derechos humanos y a la cultura de paz que está prevaleciendo por culpa de los radicalismos de grupos específicos de la sociedad. Hay, en el fondo, una degradación de los valores intrínsecamente humanos. ¿O qué clase de persona impide el tránsito a los choferes en el altiplano y las montañas, sin alimento, sin agua, sin servicios ni condiciones dignas para vivir, por más de un mes?
Si bien gran parte de los bolivianos lidian con los bloqueos y sufren por la escasez de los alimentos básicos, incluso de tratamientos médicos de los que no pocos dependen para seguir viviendo, hay puntos de bloqueo más duros que otros, como los que se han visto en el último mes en Desaguadero, Confital, Bombeo, el Cruce Vacas, Ichilo y San Julián. En general, además de los campesinos a nivel nacional, los sindicatos del Chapare cochabambino tienen secuestrado a su departamento y, con su medida de presión, perjudican también al resto del país.
El Estado existe para evitar que los conflictos sociales se resuelvan mediante la confrontación entre ciudadanos. La misión de las fuerzas públicas es garantizar el orden dentro del marco constitucional, no legitimar escenarios donde grupos civiles terminen enfrentándose entre sí. Y el fin de un Estado de excepción no es otro que el de utilizar medidas a las que se hace necesario recurrir en casos extremos como el que se vive desde hace casi 45 días consecutivos, para restablecer la normalidad, en defensa de la convivencia democrática.
Son miles de choferes que están más de 40 días en las carreteras sin más refugio que las cabinas de sus camiones y tráileres. Se hallan sin baños, agua potable y alimentos. Muchos testimonios relatan que toman agua turbia del río y cocinan a leña en el Desaguadero, en Oruro. A ello se suma el frío extremo que soportan y las dolencias debido a que varios sufren de enfermedades de base, pero continúan en los caminos porque deben resguardar su herramienta de trabajo y su mercadería.
Además, se ven expuestos a la inseguridad por las agresiones verbales, amenazas e incluso ataques con dinamita si intentan dialogar o buscar rutas alternas. Uno de los momentos de mayor tensión se dio en el Desaguadero, en la ruta entre Patacamaya y Tambo Quemado, cuando un grupo de choferes intentó romper el bloqueo el martes y fue intimidado por los bloqueadores, unos 25 varones y 10 mujeres, con detonaciones de dinamita.
Nada de lo descrito en los párrafos anteriores se encasilla en lo que se entiende como “medidas de protesta” sino, más bien, ingresa en la tipificación de varios delitos. La Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la protesta, no a la comisión de ilícitos.
