Tras más de seis semanas de bloqueos que paralizaron al país, el Gobierno evitó una crisis institucional y los movilizados no lograron sus objetivos políticos principales. Sin embargo, detrás de las apariencias de una tregua, nadie puede proclamarse verdadero vencedor. Bolivia asistió a una confrontación donde todos perdieron algo y donde el país terminó pagando la factura más alta.
En esta segunda semana de junio las carreteras comienzan a despejarse y los puntos de bloqueo fueron levantándose gradualmente, surgió una narrativa inmediata: el Gobierno había derrotado a los movilizados. Las imágenes de camiones volviendo a circular y mercados recuperando parte de su abastecimiento reforzaron esa percepción. Sin embargo, las crisis políticas rara vez producen vencedores absolutos. Lo ocurrido durante estas semanas deja una conclusión distinta: el Gobierno evitó caer, los movilizados no lograron imponerse y el país entero terminó pagando los costos de la confrontación.
Para comprender por qué nadie puede considerarse vencedor, basta observar la magnitud del conflicto. Los bloqueos llegaron a superar los noventa puntos en varios departamentos, afectando el transporte de personas y mercancías en Cochabamba, Oruro, Potosí, La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz. Los enfrentamientos dejaron fallecidos, heridos y centenares de detenidos. Durante más de cinco semanas, Bolivia sufrió una de las mayores paralizaciones de los últimos años, con consecuencias económicas y sociales que seguirán sintiéndose durante meses.
Al analizar el pulso político, puede afirmarse que hubo momentos en los que la COB y parte de la dirigencia campesina llegaron a acumular más poder de presión que el propio Ejecutivo. Sin embargo, terminaron atrapados en una estrategia de todo o nada. Apostaron a una sola carta y sobreestimaron su capacidad para forzar un desenlace político inmediato. Fue un error estratégico de gran magnitud.
Los errores de la dirigencia sindical y campesina fueron varios. Semanas antes, sectores clave como mineros y maestros habían alcanzado acuerdos parciales con el Gobierno, debilitando la capacidad de movilización. Además, la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz resultó excesiva para gran parte de la población. Más allá de las críticas a su gestión, había sido elegido apenas ocho meses atrás y no existía una alternativa política claramente articulada para reemplazarlo. La dirigencia confundió su capacidad de presión sectorial con una verdadera capacidad de sustitución política, empujando el conflicto hacia un escenario de ingobernabilidad.
La batalla que se perdió no fue solo en las carreteras, sino en la opinión pública. Al inicio existía una genuina empatía ciudadana hacia muchas de las demandas: la mala calidad de combustibles y el aumento de precios afectaban a amplios sectores. Sin embargo, conforme avanzaron los bloqueos, el costo recayó sobre la misma población que inicialmente mostraba simpatía. Los alimentos se encarecieron aún más, los pequeños negocios vieron caer sus ingresos, miles de trabajadores independientes dejaron de percibir recursos y las familias enfrentaron mayores dificultades. El bolsillo terminó pesando más que la simpatía inicial.
Esa pérdida progresiva de respaldo social no fue casual. También estuvo alimentada por varios errores tácticos de la dirigencia. Los dirigentes asumieron que las ciudades terminarían sumándose masivamente a las protestas, algo que nunca ocurrió. Tampoco consideraron adecuadamente factores culturales y climáticos. Las bajas temperaturas hicieron cada vez más difícil sostener los puntos de bloqueo. Paralelamente, acontecimientos como la festividad del Gran Poder y el inicio del Mundial de Fútbol desviaron la atención colectiva y contribuyeron a disminuir la capacidad de movilización.
Pero tampoco corresponde hablar de una victoria gubernamental. Es cierto que el Ejecutivo evitó una crisis institucional y logró preservar la continuidad democrática sin recurrir al estado de excepción. Sin embargo, sobrevivir no es sinónimo de gobernar con fortaleza. Durante semanas, la ciudadanía observó un aparato estatal con dificultades para garantizar la calidad de combustibles, responder con rapidez a la crisis y transmitir una sensación de control efectivo de la situación.
La gestión del conflicto dejó al descubierto limitaciones estructurales que ya preocupaban a amplios sectores de la sociedad. Las denuncias sobre carburantes adulterados, la lentitud en algunas decisiones y la ausencia de soluciones económicas inmediatas profundizaron la percepción de vulnerabilidad gubernamental. El Ejecutivo resistió la presión, pero no logró disipar las dudas sobre su capacidad para enfrentar problemas complejos en un contexto económico cada vez más delicado.
La clase media y el sector empresarial observaron en primera fila las limitaciones estructurales, organizacionales y políticas de la administración. Esa percepción no se borrará fácilmente. El margen de error del Gobierno se ha reducido drásticamente. Deberá recuperar credibilidad, responder con eficacia a los problemas cotidianos, combatir la corrupción y garantizar un abastecimiento normal de combustibles de calidad. De lo contrario, la ciudadanía más escéptica y exigente no otorgará el beneficio de la duda en la próxima crisis.
Pero el costo de la crisis no se limitó al terreno político. Las pérdidas económicas superan los 2.200 millones de dólares y afectaron a múltiples sectores. Miles de transportistas quedaron varados con obligaciones crediticias pendientes, mientras productores agrícolas perdieron parte de sus cosechas. Las familias enfrentaron mayores costos para acceder a alimentos básicos, agravando las presiones inflacionarias. En La Paz, además, varias empresas medianas y grandes evalúan trasladar operaciones a otros departamentos. De consolidarse esa tendencia, podrían reducirse las oportunidades laborales, aumentar el desempleo y acelerarse los procesos migratorios.
La conclusión es tan sencilla como incómoda. Los movilizados perdieron credibilidad, el Gobierno perdió autoridad y Bolivia perdió más que ambos. El Ejecutivo ganó oxígeno para seguir gobernando, pero ese alivio es temporal. Si no se traduce en soluciones económicas, reformas institucionales y recuperación de la confianza ciudadana, la tregua actual será apenas una pausa. La crisis terminó en las carreteras, pero sus causas permanecen intactas.
* Es investigador y analista socioeconómico.
