El desgaste ya está inclinando la balanza. Poco a poco, los bloqueos se levantan por el cansancio de sus protagonistas quienes, para disimular su derrota, dicen que están decretando un cuarto intermedio. Lo siguiente podría ser que el Gobierno proclame, no su triunfo, sino el de los diálogos sectorizados.
A ello hay que sumarle la actitud asumida por las capitales de departamento que, una detrás de otra, expresaron una oposición mayoritaria hacia los cierres de vías y dejaron en claro que la mayoría, o “el pueblo”, no era el que bloqueaba, sino el que sufría los efectos de los bloqueos.
El rechazo de algunos bloqueadores a continuar con los cierres de caminos y otras medidas de presión que afectan a todo el país, junto con el efecto de las acciones policiales sobre el financiamiento de las movilizaciones permiten esperar, con cierto optimismo, el fin de este deplorable periodo que ha rebasado los 45 días.
La serie de numerosos atropellos a los derechos ciudadanos, con una actitud de total insensibilidad humana que ha afectado a bolivianos en delicado estado de salud y, en general, a la gran mayoría de las personas, atrapadas en una suerte de asfixia económica durante semanas, motiva la demanda legítima de una acción severa del Gobierno para poner fin a este trance, siempre en el marco de las atribuciones que le franquea el ordenamiento legal vigente.
Bolivia atraviesa una de esas crisis que ya no pueden explicarse únicamente por la coyuntura. Los bloqueos, las movilizaciones, las disputas políticas, la desconfianza institucional y la creciente polarización son apenas síntomas de un problema más profundo: el agotamiento de los consensos que durante años permitieron una convivencia relativamente estable entre sectores, regiones y visiones distintas del país, y que, sin ser ingenuos, se sostuvieron sobre todo por el clima de bonanza económica.
El Ejecutivo opta por la vía del diálogo, a pesar de los perjuicios sociales, económicos e institucionales y cuyos efectos se prolongarán por buen tiempo más, aun después de que la paz social se restablezca. Es una opción razonable si se considera el inevitable costo humano, y muy probablemente político, que resultaría del recurso legal a la fuerza para terminar con esta situación.
Pero esa acción pacífica y pacificadora, que parece estar dando resultados, tendrá un costo cuya carga recaerá en los bolivianos, en todos: en los que soportan el perjuicio sin violencia y en los que lo provocan en franca violación de las leyes.
En el plano económico, la recuperación del aparato productivo nacional necesitará de un tiempo indeterminado, durante el cual todos pagaremos los platos rotos con el incremento de la inflación, la desocupación e incluso la carencia de suficientes divisas.
En términos institucionales, el desprecio de minorías organizadas al orden constitucional y a la voluntad popular manifestada en las elecciones del año pasado impone una reflexión en las instancias políticas, académicas y de la sociedad civil del país.
Un pacto democrático no consiste en que una mayoría imponga su visión sobre los demás; tampoco en que una minoría bloquee cualquier posibilidad de cambio. El pacto democrático es, por definición, un acuerdo entre diferentes. Entre quienes piensan distinto. Entre quienes representan intereses distintos. Entre quienes tienen proyectos distintos para el país.
La hegemonía puede producir obediencia temporal. Lo que no produce es estabilidad duradera. Ninguna sociedad plural logra convivir durante mucho tiempo si una parte pretende monopolizar la verdad política, moral o histórica.
