Por fin, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) han iniciado un diálogo cuyo propósito es poner fin a una crisis que se prolonga por 50 días. Evidentemente, no se trata de una negociación fácil, pues se están tomando su tiempo.
Este diario, incluso desde principios de año, advirtió que estaba en desarrollo una conspiración que arrancó con el sabotaje a la gasolina que almacena y comercializa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), una empresa que, aunque estatal, siempre tuvo empleados que fueron incorporados durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Así también, desde este mismo espacio se dijo que la movilización de la COB era ilegal, puesto que no se ajustaba a la normativa vigente —ni siquiera a la suya propia— e ilegítima —en el entendido de que las demandas que figuran en el pliego recientemente presentado no fueron inicialmente socializadas con sus organizaciones afiliadas, conforme señala su estatuto—.
Tras 50 días de un bloqueo de caminos ilegal, conculcador de derechos constitucionales y causante de muertes de personas, el más desprestigiado es el organismo obrero, pero ese hecho, que está a la vista de todos, no significa que el Gobierno haya ganado esta confrontación.
Después de un conflicto tan prolongado, conviene recordar una verdad elemental: aquí ya no hay espacio para victorias. Con tanto tiempo de parálisis, escasez, incertidumbre y fractura social, Bolivia entera ha perdido demasiado como para que alguna de las partes pretenda ahora presentarse como vencedora.
El presidente Rodrigo Paz ha intentado construir su cuestionado liderazgo sobre una narrativa de control, estabilidad y capacidad de conciliación, aunque haya regalado demasiados oídos en esa aventura, minando su credibilidad. En cualquier caso, resulta previsible que intente presentar un eventual acuerdo como una demostración de fortaleza o como una validación de su estrategia de resistencia que han pagado la economía nacional y, principalmente, los vecinos de La Paz.
Del otro lado, sectores movilizados que llevan semanas sosteniendo su presión social tampoco estarán dispuestos a retirarse fácilmente sin mostrar resultados concretos ante sus propias bases, aunque sean compromisos con alta probabilidad de ser incumplidos.
¿Cómo se reconstruye la economía de un país impactado por casi dos meses de bloqueos sin que el Gobierno haya podido evitarlos o solucionarlos a tiempo? Con varias carreteras todavía cortadas, el aparato productivo agoniza y el resultado de esta tragedia son 2.760 millones de dólares de pérdidas, según la Cámara Nacional de Industrias (CNI).
¿Cuál será el efecto de esta crisis? Según la Fundación Jubileo, la pobreza en Bolivia aumentará y alcanzará hasta el 47 por ciento de la población —equivalente a unos 5,8 millones de personas— debido a una crisis multidimensional, la inflación, el encarecimiento de los alimentos y los conflictos. Sí, casi la mitad de los bolivianos se verán seriamente impactados. Para una economía que ya lidiaba con una crisis interna marcada por la escasez de divisas y las filas para combustible, estas cifras son angustiantes.
Bolivia atraviesa una crisis demasiado profunda como para seguir administrando disputas bajo la histórica lógica de vencedores y vencidos. A estas alturas, ningún actor político debería aspirar a ganar. La única victoria posible consiste en evitar que el país siga perdiendo.
