Anoche se anunció el levantamiento de las medidas de presión en el trópico de Cochabamba, que controlan Evo Morales y sus leales, después de que se quedaran solos con las movilizaciones. Unos momentos antes, el Gobierno había informado de que los puntos de vías interrumpidas se habían reducido a apenas seis en el país.
Hasta hace más o menos dos semanas, el hoy por hoy cuestionado expresidente Morales mantenía cierta distancia respecto del conflicto nacional iniciado por la Central Obrera Boliviana (COB) y seguido por las federaciones de campesinos de La Paz Tupac Katari y Bartolina Sisa.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el propio Morales reconociera que era uno de los cabecillas del movimiento posteriormente, a partir de la exigencia de la dimisión del presidente Rodrigo Paz, devenido en conato de subversión.
Al Gobierno se le vino pidiendo que dictase el Estado de excepción y finalmente lo hizo, aunque después de que la sociedad tuviera que pagar un alto costo económico. Sin lugar a dudas, apostó al desgaste de las protestas y esto, como es lógico, ocurrió.
Paz y sus ministros temían que una medida de las características del Estado de excepción desencadenara una ola de violencia y terminara con un saldo de muertos y heridos, como pasó tantas veces en la reciente historia boliviana.
Por lo pronto, lo que antes se conocía como Estado de sitio se aplica de manera suave, sin mayores cambios para la cotidianidad de las familias porque está —sobre todo— dirigido a los lugares donde todavía había conflicto. Básicamente, la carretera Cochabamba-Oruro y debido la acción radical del evismo.
Poco a poco, los bloqueos se fueron levantando por el cansancio de sus protagonistas quienes buscaron diferentes argumentos para disimular su derrota. Después de 53 días de conflicto, queda muy claro que la mayoría de la población nunca apoyó ninguna de las medidas de presión ejecutadas, menos aún las interrupciones de vías camineras.
Al final, la mayoría, o “el pueblo”, no era el que bloqueaba, sino el que sufría los efectos de los bloqueos.
El paulatino rechazo de los bloqueadores a continuar con los cierres de caminos y otras medidas de protesta que afectaron severamente a todo el país, junto con el efecto de las acciones policiales —y luego también de las Fuerzas Armadas— sobre el financiamiento de las movilizaciones, permitían avizorar con optimismo el definitivo final de este deplorable periodo de paralización del país.
Y todo indica que ese día ha llegado, por más que los evistas atrincherados junto a su jefe en el Chapare digan que solo se trata de un “cuarto intermedio”.
Toda normativa que impida la reedición de esta forma de reclamaciones a los gobiernos con seguridad que será bienvenida por la mayoría. Derechos humanos básicos como el de la salud no pueden ser más conculcados; hay que evitar nuevas muertes como las registradas en las últimas semanas.
Y, por otro lado, las autoridades encargadas de brindar orden y seguridad tienen la obligación de evitar la impunidad. Los responsables de generar este caos y provocar millonarias pérdidas a los sectores económicos deben ser investigados y llevados ante la justicia, sin excepciones.
Los políticos que rigen los destinos de los órganos Ejecutivo y Legislativo, así como los abogados a cargo del Judicial y el Ministerio Público, tendrán que demostrar que no están de acuerdo con prolongar la displicencia de las últimas décadas, en las que prevaleció el encubrimiento y el libertinaje de personajes oscuros que le han hecho mucho daño al país.
