El fin de la guerra de EEUU e Israel contra Irán con la consiguiente baja del precio del petróleo, restablecería en algo la tranquilidad global y disminuiría la presión inflacionaria expandida. A los países en conflicto no les queda otra que detenerlo por el perjuicio económico y social de trascendencia mundial que provocaron. El inicio de esa guerra no pudo ser peor para los gobernantes estrenados en Bolivia. En campaña electoral con “acercamiento al pueblo”, repartieron promesas como telón envolvente en un proscenio ensombrecido, suficiente para ganar las elecciones sin presentar un plan socioeconómico estructurado. Después, abierto el telón, la incandescencia provocada iluminaría un escenario deficiente donde ingresaron los actores de conflictos. A buen entendedor, pocas palabras.
Es innegable la interrelación e interacción factorial entre los ámbitos económico, social y político. No obstante, en el país tiene características sui géneris por la pluralidad y biodiversidad geográfica y cultural existente que, en 500 años tras la colonización española, no han podido armonizar bajo la identidad cívica común: Bolivia. Pareciera que todo esfuerzo se dispersa, enrumbándose luego hacia una permanente subsidencia económica y volatilidad social, siendo la política un eje transversal que une ambos factores en una intersección conflictiva incesante. La teoría socioeconómica, brinda elementos para enmarcar y explicar la secuencia de los problemas estructurales uniendo tres conceptos como modelo analítico: “fallout – backlash – aftermath”, que juntos en cadena son herramienta para denotar la ciclicidad de eventos disruptivos –a veces imprevistos–, la reacción a estos y las consecuencias a futuro.
En buen romance, se entiende el ‘fallout’ como el efecto colateral o repercusiones –generalmente negativas– tras eventos adversos (crisis, guerra, acciones políticas, etc.). En el país, se dieron varias situaciones agolpadas: cambio de gobierno con diferente orientación política, ausencia de institucionalidad, crisis económica heredada, finanzas públicas con inestabilidad estructural, incumplimiento de ofertas electorales, emisión de normas no socializadas, decisiones gubernamentales tardías y erradas, suba externa del precio oil, suministro de gasolina adulterada, contrabando y narcotráfico sin freno, entre muchos.
El ‘backlash’ es la reacción social, de rechazo o reacciones adversas a los eventos descritos; en Bolivia tras la sucesión de esos eventos económicos y sociales, el rechazo se dio de forma activa en la población de diferentes áreas geográficas. La reacción social de sectores de trabajadores, comunidades indígenas, organizaciones campesinas y sindicales, se manifestó en marchas y bloqueos, materializando el rechazo a lo que consideraban políticas fallidas. Estos eventos terminaron provocando otra crisis, ahondando la anterior por resolver. Esta respuesta activa de la población también sirvió para intereses subyacentes de larga data en desarrollo (dirigencia de sectores) que ahondaron la presión y manipulación política usando el pretexto de “reivindicación de derechos” para engarzar pedidos varios y variados bajo presión continua y agrandada, en ausencia del uso de mecanismos legales de freno por las autoridades de gobierno.
El ‘aftermath’: las secuelas, o efectos a largo plazo tras el conflicto, es el escenario posterior a la crisis que implica medir el costo social: aumento de la pobreza, cierre de pequeñas y medianas empresas, desempleo, etc. Todos los posibles efectos fueron analizados e interpretados por la gente, desde todos los ámbitos y ángulos, como también fueron distorsionados hasta saturar y fatigar la mente y el ánimo de toda la población. La evidencia demuestra que esa cadena en el país, se ha tornado en un círculo vicioso de nunca acabar, que genera ingobernabilidad e inestabilidad constante.
El cambio de gobierno debió estar acompañado de un paquete de políticas de cambio estructural contundente, no de parches escalonados. Se deduce que el levantamiento parcial o total de la subvención del combustible, igual habría generado rechazo social. Conocida la idiosincrasia boliviana y sus antecedentes históricos, los conflictos iban a darse sí o sí. La pérdida de confianza y credibilidad en el manejo gubernamental y los conflictos sin amainar aún, provocan inseguridad generalizada. Por lo expuesto, la polaridad seguirá reptando y la política seguirá como enlace inmerso en la cadena.
El factor económico es la chispa que enciende el conflicto; se recurrirá a cuanto crédito externo haya y al interno del Bco. Central. La prioridad radica en adopción inmediata de medidas ante las situaciones críticas agravadas, dejando de lado políticas sectorizadas e intermitentes (ej. combustible aún subvencionado). Los bloqueos generan pérdidas millonarias, ruptura de cadenas de valor y suministro, desabastecimiento, caída de exportaciones y una desaceleración profunda. Con nuevo escenario, la advertencia del Bco. Mundial de contracción económica de un -3,2% para 2026 y la proyección favorable de 4% para 2027 en Bolivia, ya es una quimera. El déficit conducirá a ajustes fiscales y monetarios, con secuencia inflacionaria de afectación directa sobre la economía familiar y nacional. Lo que llega, es el coletazo (golpe de cola) con el desarrollo de consecuencias de larga duración, que requerirá un gobierno con criterio, decisión firme y solvencia ética.
* Es economista y socióloga.
