En las últimas horas, diferentes sectores ligados al turismo han salido a manifestar su preocupación por la aguda crisis que les dejaron los 53 días de bloqueos en el país. Se trata de una situación sin precedentes, según hicieron notar, por ejemplo, en Chuquisaca: La ocupación hotelera en Sucre apenas llega al 5%. A esto se suma la reducción de las frecuencias de vuelos en la capital del país.
El problema del turismo disminuido a niveles alarmantes es uno de los principales coletazos de la nefasta decisión de ciertos grupos sindicales y políticos de paralizar Bolivia durante más de 50 días. Se trató de una protesta suicida, pues afectó grandemente a la misma población a la que se decía defender.
Lo único que se logró con dicha movilización es mostrar al mundo cuán incapaces somos de llegar a acuerdos a través de métodos pacíficos y no perjudiciales para la economía y para la salud de los habitantes del país. Incluso, se ha llegado a afectar a ciudadanos extranjeros que han quedado varados en las carreteras nacionales durante semanas completas.
La agencia de noticias EFE informó dos días consecutivos de alrededor de 400 ciudadanos peruanos, entre ellos colegiales de Puno, que emitieron varios videos pidiendo auxilio. Y a este periódico llegó también la noticia de que un grupo de extranjeros europeos fue amenazado por bloqueadores. Con semejante panorama, obviamente que se depauperó la imagen de Bolivia en el exterior: ¿qué viajero extranjero querrá visitar una nación en la que se maltrata a los visitantes? Operadores turísticos de Perú se refirieron hasta hace poco al país como un lugar peligroso para el turismo.
Alentados principalmente desde el trópico cochabambino por el jefe de los cocaleros, Evo Morales, los bloqueos han merecido un rechazo generalizado. Finalmente, después de décadas de sufrir los rigores de esta forma de protesta que a menudo roza el delito, la población comprendió que ya no es posible tolerar este tipo de situaciones.
Siempre será conveniente recordar que la libertad de circulación en el territorio boliviano está reconocida como un derecho civil en el parágrafo 7 del artículo 21 de la Constitución Política del Estado. Y, no hay que olvidar a los muertos que pagaron con su vida la irracionalidad de dirigentes impulsores de esta clase de protestas correctamente estigmatizadas por inhumanas.
Tanto a nivel nacional como municipal y departamental, se vienen impulsando leyes para evitar más bloqueos y bloqueadores al desarrollo del país.
En tantos años de cierres de rutas, la mayoría de las veces decididos por caprichos o intereses sectarios, políticos o directamente personales, las pérdidas económicas se cuentan por centenares de miles de millones de dólares. Y por lo general, tal como ocurrió en el caso de los recientes 53 días, los daños no solo son los evidentes, sino que se prolongan en el tiempo hacia un mediano y largo plazo.
Es lo que ocurre, en particular, con el turismo, un área especialmente sensible en los sureños departamentos de Chuquisaca y Potosí.
En su cuenta oficial de Facebook, el Ministerio de Turismo Sostenible Culturas Folklore y Gastronomía recordó en plena época de bloqueos que “el turismo es uno de los pilares más nobles de nuestra economía, especialmente en el área rural. Bloquear nuestras rutas significa vulnerar el trabajo de miles de bolivianos y comprometer el posicionamiento de nuestro país como destino internacional” y, a tiempo de hacer un llamado para garantizar la libre transitabilidad, agrega que “el país no puede detenerse; el sustento de nuestra gente depende de un camino libre y seguro”.
