Tras más de 50 días de bloqueos, pérdidas económicas millonarias, desabastecimiento y una crisis que obligó al Gobierno a declarar un Estado de excepción, lo que el país necesita es la mayor capacidad de respuesta posible de sus instituciones. Sin embargo, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha determinado un receso parlamentario entre este lunes 6 y el lunes 20 de julio, limitando su actividad ordinaria precisamente cuando Bolivia demanda mayor presencia de su órgano deliberante. El receso fue aprobado el viernes pasado y, aunque funcionará una comisión de emergencia, las sesiones ordinarias de ambas cámaras quedarán suspendidas durante ese período.
Nadie discute que el receso parlamentario tiene sustento constitucional y reglamentario. La Constitución Política del Estado (CPE) prevé dos recesos anuales y que durante ellos funcione una comisión. El problema no es jurídico, sino político. Las normas establecen mínimos de funcionamiento; la responsabilidad pública exige, en ocasiones extraordinarias, ir más allá de esos mínimos.
Las instituciones también comunican mediante sus decisiones. Cuando el país atraviesa una emergencia, la ciudadanía espera que sus autoridades permanezcan en sus puestos, deliberando, fiscalizando y legislando. Por ello, el mensaje que transmiten los actuales parlamentarios resulta desafortunado. En los hechos, numerosos legisladores ya retornaron a sus regiones, mientras la actividad congresal quedará reducida a una comisión que solo atenderá asuntos urgentes.
Se trata de una oportunidad perdida. Bolivia continúa afrontando las consecuencias económicas y sociales de una crisis que dejó profundas secuelas y cuya solución dista de ser definitiva. Diversos análisis coinciden en que el conflicto ha debilitado la economía y que persisten las condiciones que podrían reactivar nuevas movilizaciones si no se construyen respuestas institucionales duraderas.
Entre esas respuestas destaca una que ha sido ampliamente mencionada en el debate público: una legislación destinada a prevenir y sancionar los bloqueos de caminos que vulneran derechos fundamentales de millones de bolivianos. Más allá de la denominación que finalmente adopte esa iniciativa, el país necesita discutir mecanismos eficaces para garantizar simultáneamente el derecho a la protesta y la libre circulación, evitando que una medida de presión termine convirtiéndose en un castigo colectivo para toda la población.
Si esa discusión vuelve a postergarse, existe el riesgo de que, una vez concluido el Estado de excepción, el país vuelva a enfrentarse al mismo escenario que acaba de superar: carreteras cerradas, abastecimiento interrumpido y una economía nuevamente paralizada. Gobernar también significa anticiparse a las crisis, no solamente reaccionar cuando estas ya han estallado.
Las leyes existen para servir al país, no para convertirse en un refugio frente a sus problemas. Cuando las circunstancias son extraordinarias, también deben serlo las decisiones de quienes recibieron el mandato de representar a la ciudadanía. Este receso podrá ser legal, pero eso no impide preguntarse si, en las actuales circunstancias, era realmente lo más responsable.
