Resurgió una propuesta que parecía superada: la legalización extraordinaria de los autos ‘chutos’ o indocumentados. Sus promotores sostienen que esta medida permitiría recaudar miles de millones de dólares, formalizar un parque automotor que ya circula por el país y destinar esos recursos a obras públicas. El proyecto fue presentado en la Asamblea Legislativa Plurinacional y ha abierto un intenso debate nacional.
El argumento económico puede parecer atractivo en un momento de estrechez fiscal. Sin embargo, la pregunta de fondo es otra: ¿Debe el Estado convertir en legal aquello que nació al margen de la Ley?
La respuesta debería ser negativa. Todo Estado de derecho descansa sobre un principio elemental: las normas deben cumplirse y quien las infringe no puede terminar obteniendo el mismo beneficio que quien actuó correctamente. Cuando ocurre lo contrario, la legalidad deja de ser un incentivo y se transforma en una desventaja.
Miles de bolivianos compraron sus vehículos por los canales legales, pagaron tributos aduaneros, impuestos nacionales, registros y demás obligaciones exigidas por el ordenamiento jurídico. Otros optaron por introducir vehículos de contrabando o adquirirlos sin documentación, asumiendo conscientemente el riesgo que ello implicaba. Si ambos terminan recibiendo el mismo reconocimiento legal, el mensaje resulta inequívoco: cumplir la Ley fue innecesario.
No se trata únicamente de una cuestión tributaria. Detrás de los vehículos indocumentados existen redes de contrabando que afectan la recaudación fiscal, distorsionan la competencia comercial y, en algunos casos, generan sospechas sobre el origen de los motorizados. Por esa razón, sectores empresariales han advertido que una nueva regularización significaría premiar la ilegalidad y castigar al comercio formal.
Los defensores de la iniciativa responden que se trataría de una medida “por única vez”; ese argumento ya fue utilizado en anteriores procesos de regularización. Cada amnistía crea la expectativa de una siguiente. Quien observa que el Estado termina legalizando periódicamente lo ilegal tiene pocos incentivos para cumplir las normas en el futuro.
El problema, además, trasciende al sector automotor. Si el criterio para regularizar una actividad consiste simplemente en que existen muchas personas incumpliendo la ley, el mismo razonamiento podría invocarse para otras formas de contrabando o de evasión tributaria. La cantidad de infractores no convierte una conducta ilícita en legítima.
Eso no significa ignorar la realidad. Es evidente que miles de familias utilizan estos vehículos para trabajar o movilizarse. El Estado debe ofrecer soluciones, pero no pueden debilitar el principio de legalidad que sostiene todo el sistema jurídico.
Hay alternativas, desde programas de sustitución vehicular hasta mecanismos diferenciados para maquinaria agrícola o casos excepcionalmente justificados, sin recurrir a una amnistía general que equipare a quienes respetaron la Ley con quienes no lo hacen.
En momentos en que Bolivia necesita fortalecer sus instituciones y recuperar la confianza en el cumplimiento de las normas, legalizando masivamente los autos indocumentados se enviaría una señal equivocada. El beneficio económico inmediato podría resultar atractivo, pero el costo institucional sería mucho mayor.
Las crisis fiscales pasan, en cambio el precedente de que la ilegalidad puede terminar siendo recompensada permanece durante generaciones. Ese es, probablemente, el precio más alto que un Estado puede pagar.
