El Día Nacional del Peatón y del Ciclista en Defensa de la Madre Tierra nació con un propósito tan noble como necesario: recordar que las ciudades también pertenecen a las personas y que el cuidado del medioambiente exige cambios en nuestros hábitos. Por ello, no hay razón para cuestionar una jornada nacional que, al involucrar a todo el país, logra una reducción apreciable de la circulación vehicular y fortalece la conciencia ambiental. La propia Ley 150 fijó una fecha única: el primer domingo de septiembre de cada año.
El problema comenzó cuando varios gobiernos municipales decidieron crear sus propios días del peatón. Lejos de coordinar una política uniforme, cada ciudad estableció fechas diferentes y, en algunos casos, más de una jornada anual. El resultado es una verdadera dispersión normativa: Bolivia ya no tiene un solo Día del Peatón, sino una sucesión de jornadas municipales que confunden a la ciudadanía, afectan el transporte entre ciudades y multiplican las restricciones a la circulación.
Los casos de Sucre y Potosí ilustran claramente esta situación. Ambas ciudades realizan varios días municipales del peatón en fechas distintas, lo que dificulta el transporte entre ellas y perjudica actividades económicas que dependen precisamente de la movilidad dominical. En cambio, otras capitales, como La Paz, cumplen únicamente con la jornada nacional y no afrontan paralizaciones municipales adicionales por este motivo.
El impacto tampoco es el mismo para todas las ciudades. Sucre y Potosí poseen economías estrechamente vinculadas al comercio minorista y a los mercados populares. Miles de productores, comerciantes y compradores se trasladan cada domingo hacia centros de abastecimiento como el Mercado Campesino, en Sucre, o la Feria Popular y el Mercado Uyuni, en Potosí. Limitar esa movilidad significa afectar una de las jornadas comerciales más importantes de la semana para muchas familias que viven del trabajo diario.
La discusión de este año hizo aún más evidente esa realidad. Después de 53 días de bloqueos que paralizaron gran parte de la actividad económica del país, distintos sectores sociales, empresariales y turísticos solicitaron postergar el Día del Peatón en Chuquisaca para favorecer la reactivación. Sin embargo, las autoridades sostuvieron que la normativa vigente no les dejaba margen para hacerlo. Más allá de la legalidad de esa decisión, el episodio puso en evidencia que una política pública también debe ser capaz de adaptarse a circunstancias excepcionales.
Los datos disponibles invitan, además, a una reflexión. Una encuesta difundida el año pasado mostró que alrededor del 80% de los consultados rechazaba la modalidad actual de los días municipales del peatón y proponía reducir su número o replantear su organización. Cuando una política pública empieza a perder respaldo ciudadano, lo responsable no es ignorar ese mensaje, sino evaluar si continúa cumpliendo sus objetivos con la misma eficacia.
Proteger el medioambiente no está en discusión. Lo que merece debate son los instrumentos empleados para conseguir ese fin. Las políticas públicas no deben conservarse por inercia, sino revisarse periódicamente a la luz de sus resultados y de las nuevas realidades económicas y sociales. Mantener el Día Nacional del Peatón parece plenamente justificado; multiplicar jornadas municipales sin coordinación ni evaluación merece, en cambio, una revisión serena y responsable.
Porque las buenas ideas también necesitan actualizarse. Y una política ambiental será tanto más efectiva cuanto mejor logre armonizar la protección de la naturaleza con el derecho de las personas a trabajar, producir y desplazarse.
