Las declaraciones de Evo Morales con las que intentó desvincularse de los bloqueos y aseguró no conocer a los Ponchos Rojos, unos de los protagonistas del conflicto de los más de 50 días, coincidieron con la decisión de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) de expulsar a tres dirigentes y someter a otros a procesos disciplinarios por promover bloqueos y desconocer a su dirigencia. Más que hechos aislados, ambos episodios revelan un mismo fenómeno: así como surgen las exigencias de llevar a la justicia a los responsables, surgen los deslindes.
Cuando un conflicto termina, se abre el tiempo de las responsabilidades. En Bolivia, los bloqueos, durante largas semanas, paralizaron carreteras, afectaron el abastecimiento, dañaron la salud y la economía y sometieron a millones de ciudadanos a una incertidumbre que nunca debió producirse. Ahora que el país se encuentra bajo un Estado de excepción, muchos de quienes respaldaron esas medidas parecen empeñados en marcar distancia.
Tras oficializarse la detención preventiva de Vicente Salazar, dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, en la cárcel de Chonchocoro, el Comité pro Santa Cruz ha exigido que ocurra eso mismo con el expresidente Evo Morales y con el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo. Corresponde a las autoridades investigar los hechos respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, pero llegando al fondo del asunto.
Nadie debería ser condenado sin pruebas ni sentencia, por supuesto, pero tampoco es aceptable que quienes impulsaron una estrategia de presión fuera de la ley pretendan desaparecer del escenario político cuando las instituciones empiezan a actuar. La responsabilidad política no puede activarse solo para reclamar protagonismo y desvanecerse cuando aparecen los costos.
El conflicto, de todos modos, según la advertencia de algunos dirigentes, podría reactivarse cuando se levante el Estado de excepción. Eso, que constituye una amenaza, confirma que la interrupción de caminos continúa siendo considerada un instrumento legítimo de reclamo y, todavía más, de disputa política, pese a las pérdidas de vidas humanas, a los ingentes perjuicios económicos, al desabastecimiento en los mercados y a las restricciones que se impusieron sobre derechos fundamentales de todos los bolivianos.
Lo ocurrido dejó una lección que no debería olvidarse. Los bloqueos no afectan únicamente al gobierno de turno, sino que sus consecuencias recaen sobre transportistas, productores, comerciantes, pacientes que esperan atención médica, estudiantes y familias enteras que ven alterada su vida cotidiana. Cuando una carretera se cierra durante días o semanas, el costo termina distribuyéndose entre ciudadanos que nada tienen que ver con la desavenencia. Esa realidad obliga a replantear la normalización de una práctica que, con demasiada frecuencia, se ha convertido en el recurso inmediato para dirimir las diferencias en Bolivia.
