Pocas sentencias judiciales trascienden el ámbito legal para convertirse en un hecho político y económico de primer orden. La decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar el pago que Soboce debe efectivizar a Fancesa por competencia desleal pertenece a esa categoría. No solo cierra, al menos en la jurisdicción ordinaria, uno de los litigios empresariales más notorios del país, sino que abre una nueva etapa para la principal industria de Chuquisaca y una de las más grandes del sur del país, y proyecta sus efectos sobre un caso de repercusión internacional.
Para Fancesa, el fallo conocido este lunes representa mucho más que una victoria judicial. La posibilidad de recibir más de 744 millones de bolivianos puede cambiar su horizonte financiero. Se trata de recursos que permitirían modernizar sus plantas, incorporar tecnología, fortalecer su capacidad productiva, reducir pasivos y recuperar competitividad. También por supuesto que beneficiarían a sus copropietarias: la Gobernación de Chuquisaca, el Gobierno Municipal de Sucre y la Universidad San Francisco Xavier, que durante años vieron postergadas expectativas económicas legítimas.
Pero el fallo del TSJ invita además a mirar fuera de los tribunales. Las investigaciones abiertas en España sobre las presuntas gestiones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a favor del Grupo Gloria, propietario de Soboce, han colocado este litigio bajo una luz distinta. Será la justicia española la que determine si existieron o no conductas ilícitas, respetando plenamente la presunción de inocencia; sin embargo, el solo hecho de que un exjefe de Gobierno aparezca mencionado en una investigación vinculada con un proceso judicial boliviano demuestra hasta dónde pueden llegar las redes de influencia cuando confluyen poder político e intereses económicos.
La afinidad política entre Rodríguez Zapatero y el entonces presidente Luis Arce alimenta interrogantes que solo una investigación seria podrá despejar. La cercanía ideológica no constituye prueba de irregularidad, pero tampoco puede convertirse en un escudo frente al escrutinio público. Cuando hay fuertes intereses económicos involucrados, la transparencia deja de ser una opción para convertirse en un deber.
Este caso también deja una lección política. La corrupción no pertenece a una ideología. Durante años, la izquierda ha presentado la corrupción como un rasgo del capitalismo y la derecha la ha atribuido al estatismo. La realidad demuestra que ambas simplificaciones son falsas. Allí donde el poder carece de controles eficaces aparecen el tráfico de influencias, el favoritismo y la utilización de las instituciones en beneficio de intereses particulares. Cambian los discursos, no necesariamente las prácticas.
Por eso, la discusión no debería centrarse en la pregunta de si hay más corrupción en la izquierda o en la derecha. La verdadera diferencia está entre gobiernos sometidos al control de instituciones independientes y gobiernos en los que esas instituciones terminan subordinadas al poder político. Y por eso la importancia del fallo en cuestión trasciende a las instituciones implicadas. Lo que está en juego es la credibilidad de la justicia boliviana y la confianza de los ciudadanos en que ninguna red de poder, por influyente que sea, puede torcer indefinidamente el curso de los tribunales. La sentencia llega después de años de dilaciones, recursos e incertidumbre.
Ahora, corresponde ejecutar lo resuelto sin nuevas maniobras dilatorias y permitir que Fancesa aproveche una oportunidad largamente esperada para fortalecer su futuro. Al mismo tiempo, las investigaciones sobre las presuntas influencias políticas internacionales, con participación de actores locales, deben avanzar hasta esclarecer completamente los hechos, caiga quien caiga. Porque la democracia no se degrada cuando se investiga al poder; se degrada cuando el poder deja de ser investigado. (R)
