Cotes Ltda., la Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre, otrora referente institucional de Sucre… Épocas aquellas en las que era un privilegio ser socio; al menos así hicieron creer durante años, diciendo que los socios son dueños de la cooperativa, que participan de un patrimonio colectivo, que reciben beneficios por haber invertido en una empresa de todos…
Ahora, lo que se ve y se siente, respecto a esa noción cada vez más lejana, es que los socios se convirtieron en simples usuarios, porque no solo dejaron de recibir beneficios sino que son víctimas de cobros que, en la práctica, resultan difíciles de justificar, como cuando un socio con línea telefónica activa ya no quiere seguir pagando un servicio que ya no utiliza, pero sagradamente tiene que seguir pagando una mensualidad de Bs 34, y si es que decide dejar en depósito o cortar el servicio (como más de 10.000 socios ya lo hicieron), de manera voluntaria o por presión de su bolsillo, lo cual debería ser sin costo… ¡no, señor!, la cooperativa exige que el socio siga pagando Bs 120 por gestión por un servicio no prestado.
Al margen de ello, aquí lo preocupante no es solo el costo incurrido, sino la forma en que se gestiona la relación con el socio. Reclamar no siempre es fácil, cualquier intento de cuestionar cobros o servicios termina en trámites engorrosos, respuestas evasivas o, en el peor de los casos, en presión para pagar sí o sí, sin mayor explicación.
Entonces, así resulta cómodo, para los que comandan la cooperativa, seguir afectando y trasladando la carga económica a sus propios socios. Según publicaciones oficiales, la cooperativa enfrenta pérdidas recurrentes y procesos por deudas que superan los 17 millones de bolivianos, incluso con riesgo de embargo de bienes (CORREO DEL SUR, 2025). A esto se suman años de déficit y problemas financieros sostenidos (DPL News, 2023).
A esta crisis económica se suman la desconfianza. Denuncias de corrupción, conflictos internos y cambios constantes en la dirección han sido y son parte de la realidad de Cotes en los últimos años (Erbol, 2023; CORREO DEL SUR, 2024, ATT. 2019, Memoria institucional 2020 y 2022).
Todo esto debilita la credibilidad institucional y alimenta la percepción de que no existe un rumbo claro. Y cuando no hay confianza, cualquier cobro, por más justificado que parezca, se percibe como arbitrario, porque el problema no es solo cuánto se paga sino a quién se le paga y para qué.
En este contexto, hay algo que se percibe con claridad: ¿Quién se acuerda de Cotes? ¡¡¡Solo cuando hay elecciones!!! Solo en esos espacios aparecen discursos, promesas, visitas y llamados a la participación; se habla de cambios, de transparencia, de recuperación institucional; pero, una vez que pasan los procesos electorales, vuelve el silencio, todo queda igual.
Y, en contraste, la percepción ciudadana es contundente. Los funcionarios siguen, “bien, gracias”, con sueldos asegurados, que por cierto sería bueno que transparenten porque no se registra ni se encuentran esos datos en sus medios ni memorias de rendición de cuentas de gestión.
