Las presiones y necesidades económicas en América Latina, por parte de sus poblaciones deprimidas con necesidades laborales y de subsistencia, fueron y son fuentes impulsoras de la movilidad humana. Bolivia, de manera similar a otros países en desarrollo, posee su población económicamente activa en más de un 85% perteneciente al sector informal, lo cual también refleja la falta de fuentes laborales y por ende, la necesidad de búsqueda de opciones de trabajo dentro o fuera del territorio nacional.
La circulación de videos, a través de RRSS, en los últimos días en la que bolivianos dan cuenta de su presencia en frentes de conflictos armados, en este caso entre Rusia y Ucrania, participando militarmente, según propias declaraciones, a favor del ejército ruso, han provocado que se desplieguen, en las últimas horas, investigaciones por parte del Ministerio Público, medios de comunicación y autoridades legislativas, incluyendo declaraciones de la legación diplomática rusa y cancillería boliviana.
El asunto es extremadamente serio, pues no solo se presume la comisión de delitos de orden internacional, como la trata y tráfico de personas, particularmente vinculado a los fenómenos de movilidad humana, que a nivel multilateral y global se busca combatir. También, derivada de las declaraciones captadas en RRSS emitidas por los bolivianos combatientes, supuestamente uno de ellos, luego de estar herido y ser hospitalizado, recibió asistencia consular boliviana en Rusia. Esto quiere decir que la Cancillería de Bolivia sabía con antelación de la presencia de bolivianos en el frente de combate ruso-ucraniano, en los últimos meses.
El hecho que desde Cancillería, aparentemente, no se haya alertado a nivel central e interno del Estado boliviano, en coordinación con otras autoridades, sobre esos hechos ya en su conocimiento, podría posiblemente generar responsabilidades por parte de servidores pertenecientes a dicha cartera, debido a la acción u omisión en dar a conocer los mismos a las instancias pertinentes para su investigación, en su debido momento de manera inmediata.
Desde el punto de vista jurisdiccional, el Código Procesal Penal boliviano es taxativo al establecer, en su Art. 286º, que cualquier servidor público que conozca un hecho delictivo tiene la obligación de denunciar. Responsabilidades complementadas en el Art. 28 de la Ley Nº 1178, Ley Nº 2027, Ley Nº 465, CPE en sus Arts. 232 y 235, Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y otros.
Las funciones consulares de Asistencia y Protección no se circunscriben solamente al ejercicio de dichas acciones sobre el posible afectado y/o familiares. También implica, según la propia Ley Nº 465, la defensa de derechos fundamentales de connacionales en territorios extranjeros, con obligatoriedad de cumplimiento de mandatos constitucionales. Lo que se ejerce con conocimiento de labores y funciones diplomáticas-consulares a desplegar, ejecutando obligaciones y diligencias convencionales internacionales. Motivo por el cual la diplomacia boliviana en el Servicio Exterior debe ser ejercida por profesionales diplomáticos.
Según declaraciones en medios de comunicación, la captación de ciudadanos bolivianos se realizaría supuestamente a través de intermediarios en Bolivia, para la realización de trabajos de orden técnico en construcción, electricidad y otros, mediante contratos anuales firmados en idioma cirílico. Ninguno de ellos implicaría, supuestamente, la calidad de combatientes para un ejército militar. También supuestamente, luego de arribar a territorio de destino, los contratados recibirían capacitación militar de combate para luego ser trasladados al frente de batalla.
Por tanto, dada la complejidad de los hechos, requiere cooperación internacional bajo responsabilidad activa de Cancillería. Las investigaciones deberán establecer las responsabilidades de servidores públicos involucrados y particulares sobre: conocimientos de los hechos, la calidad de los funcionarios y participantes, cuáles son las funciones ejercidas al momento de conocerse los mismos y establecer las acciones o abstenciones cometidas por los involucrados. Esto denotará responsabilidades objetivas debido a la presencia de bolivianos combatientes en el conflicto ruso-ucraniano, siendo el deber del Estado a través del actual gobierno el proteger, asistir y repatriar a los bolivianos y sus familiares, no debiendo dejar pasar este grave problema sin solución real.
Abog
Abraham A. Trillo-Sarmiento
