La fortaleza de un Estado de Derecho no se mide por la cantidad de leyes que aprueba ni por el número de órdenes judiciales que emiten sus tribunales. Se mide, sobre todo, por su capacidad para hacerlas cumplir. Una resolución que permanece archivada, una orden de aprehensión que no se ejecuta o una decisión judicial que depende de cálculos políticos terminan debilitando la confianza ciudadana en las instituciones.
Los acontecimientos conocidos este fin de semana vuelven a poner esa realidad sobre la mesa. La difusión de un video en el que Evo Morales aparece en un control policial derivó en la apertura de procesos disciplinarios contra dos efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar). No es para menos. El audiovisual difundido por el presidente no solo lo muestra como una persona que puede pasearse libremente por el trópico cochabambino y hasta conversar con policías, pese a que existe una orden de aprehensión en su contra para responder por acusaciones de supuestas acciones sexuales en contra de personas que eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos que se investigan. Corresponderá a las instancias competentes establecer si esos funcionarios actuaron conforme a la normativa o incurrieron en faltas. Ese análisis debe realizarse con todas las garantías del debido proceso y sin apresuramientos.
Sin embargo, el debate de fondo es otro. Mientras se investigan las actuaciones de dos policías, continúa pendiente el cumplimiento de una orden judicial cuya ejecución corresponde al Estado. Esa es la verdadera cuestión institucional. Si una resolución emitida por autoridad competente no puede hacerse efectiva, el problema trasciende a los funcionarios involucrados y alcanza al propio sistema de administración de justicia.
La Constitución Política del Estado proclama que todas las personas son iguales ante la ley. Ese principio no admite excepciones basadas en el poder político, la influencia social o la capacidad de movilización. La igualdad jurídica deja de ser un valor real cuando la aplicación de las decisiones judiciales depende de quién sea su destinatario. En ese momento, la ciudadanía comienza a percibir que existen distintas categorías de ciudadanos: unos obligados a cumplir la ley de inmediato y otros capaces de postergar indefinidamente sus consecuencias.
Esta situación tampoco favorece a la Policía Boliviana. Los efectivos que cumplen funciones operativas necesitan reglas claras y respaldo institucional. Cuando las decisiones estratégicas se postergan, la responsabilidad termina desplazándose hacia los niveles inferiores de la cadena de mando, generando incertidumbre y afectando la autoridad de la propia institución.
La democracia no puede sostenerse sobre la percepción de que algunas decisiones judiciales son obligatorias y otras simplemente optativas. El respeto a la independencia judicial exige también que las resoluciones de los jueces sean ejecutadas por los órganos llamados a hacerlo. De lo contrario, la justicia deja de ser un instrumento para garantizar derechos y se convierte en una declaración de buenas intenciones.
Bolivia necesita instituciones capaces de actuar con firmeza, imparcialidad y apego a la ley. La autoridad del Estado no se fortalece procesando únicamente a funcionarios de menor jerarquía, sino demostrando que ninguna persona, por importante o influyente que sea, puede situarse por encima de las decisiones judiciales. Solo entonces la ciudadanía volverá a creer que la justicia no distingue nombres, cargos ni poder, sino únicamente el imperio de la ley.
