Analizando la situación de pobreza en Chuquisaca es necesario remitirse a 50 años atrás para ver el rol de diferentes actores en su evolución. A partir de datos estadísticos del INE, Udape y otros estudios extraoficiales con indicadores de la pobreza en el país se pueden identificar tres períodos en su desarrollo: Estancamiento alto en las décadas de 1970 a 1990, reducción drástica y sostenida entre 2006 y 2019 y, posterior repunte e inestabilidad debido a crisis recientes. Enlazo los tres períodos con factores vivenciales en secuencia histórica, veamos:
En la década 1970-1980, la pobreza afectaba a más del 60% o 70% de la población nacional, agravada por inestabilidad política y la hiperinflación de la crisis global de los años 1982-85. Según datos oficiales, entre 1985 y 2005 las tasas se mantuvieron estancadas afectando estructuralmente a cerca del 40% de los bolivianos con cifras cercanas al 60%-80% en el área rural en el país; se evidenciaba mayor pobreza rural en Chuquisaca (90%), pese al repunte de la producción petrolera a partir de 1972. En la década 1990-2000, fue disminuyendo en relación a la incidencia de la crisis mundial.
En los años 80 hacia adelante, el financiamiento externo proliferó de forma masiva para organizar y financiar proyectos mediante organismos no gubernamentales (ONG) de desarrollo en Chuquisaca orientados, en su mayoría, a municipios de mayor vulnerabilidad, con la finalidad de disminuir la pobreza mediante acuerdos viabilizados por Bolivia, en la línea de las políticas económicas condicionadas por bancos multilaterales de desarrollo, FMI y donantes bilaterales. Se conocía que muchas donaciones partían también de la evasión de impuestos de grandes fortunas en los países de origen. Organismos internacionales financiaban proyectos de apoyo al desarrollo rural en varias áreas: agricultura, ganadería, tecnología, atención de sequías y riadas, construcción de infraestructura, salud, educación y otras.
Se buscaba la sostenibilidad de los proyectos incorporados al área rural mediante capacitaciones comunales con participación activa de campesinos y sus familias. Se canalizaban recursos financieros hacia las diferentes actividades de apoyo a comunidades y también la entrega de herramientas, equipamiento, insumos agrícolas, material de construcción y gran variedad de insumos para las actividades programadas. Las ONG debían demostrar el destino, uso de las donaciones y otros recursos con la ejecución de proyectos para justificar su permanencia en los países beneficiarios. Ese trabajo implicaba la generación de fuentes de empleo para nacionales y extranjeros.
Con el apoyo ampliado, se observó en los destinatarios finales un acostumbramiento a recibir dádivas sin mayor esfuerzo. Gran parte de los proyectos no alcanzaron la sostenibilidad esperada y se perdieron en el tiempo. La reorientación política del año 2000 en adelante, con el discurso antimperialista, provocó un trastoque en la percepción de la gente del campo respecto al apoyo externo; pretendían el manejo directo de los recursos financieros en lo que consideraban sus necesidades y, respondiendo a esa lógica nacionalista, se dieron casos de no recuperación de capital ni resultados esperados; por ej., préstamos de capital sin interés de países europeos. El surgimiento de nuevos líderes políticos propició una incontrolable migración campo-ciudad y se desarrollaron cordones suburbanos en situación de pobreza con informalidad como modo de subsistencia y una gran migración al oriente tras distribución de tierras.
La caída pronunciada de la pobreza desde el 2005 (38,2%) hasta el 2018 (15,2%) fue gracias al auge de las materias primas (petroleras) y a las transferencias sociales que el Gobierno realizaba mediante bonos. De 2010 a 2012, fuentes gubernamentales señalaban que la pobreza extrema se había erradicado en Bolivia y no se requería el apoyo externo en referencia a EEUU. El gobierno (2013) determinó la salida de Usaid e IBIS (danés) por supuesta injerencia en asuntos nacionales. Por la presión, condiciones adversas y situaciones irregulares, varias organizaciones se retirarían del país. Se dio el cierre de varios proyectos financiados por EEUU, Unión Europea, Japón y otros; los recursos de financiamiento externo se dirigieron al África. Minimizado el apoyo externo, surgieron organizaciones con apoyo gubernamental camuflado, también ONG y Fundaciones nuevas. EI Fondioc (Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino) alcanzó preeminencia con resultados ya conocidos.
El ligero repunte en la pandemia de 2020 (13,7%) y las presiones de estanflación recientes desafían los umbrales oficiales del INE. A principios de 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del gobierno de Arce Catacora señalaba una mejora por las “políticas de protección social” aplicadas con reducción a 11,1% en 2021 comparado con el 13,7% de 2020 en el gobierno de Jeanine Áñez. Los datos del INE y de otros estudios, como uno reciente de Fundación Jubileo, muestran un repunte de la pobreza en Bolivia, ubicando a Chuquisaca con el mayor índice en el país, más aún en los últimos meses con los bloqueos y la ausencia de políticas regionales. No se conocen programas ni proyectos nuevos conducentes al desarrollo urbano y rural, solamente la espera de un ambiguo o inexistente 50/50.
* Es economista y socióloga.
