Cada 24 de julio, los países que lo comparten como personaje en común recuerdan el natalicio de Simón Bolívar. La fecha suele dar lugar a homenajes protocolares y discursos que repiten los méritos del Libertador. Sin embargo, 201 años después de la independencia de Bolivia, el mejor tributo quizá no consista en volver sobre su biografía, sino en preguntarnos cuánto hemos avanzado en la construcción del país que inspiró a los fundadores de la República.
La imputación del exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli y la solicitud fiscal de su detención preventiva vuelven a poner sobre la mesa un viejo debate: ¿la justicia boliviana actúa con los mismos criterios frente a todos los ciudadanos o existen diferencias determinadas por el peso político, la influencia o las circunstancias de cada caso?
La respuesta no puede partir de la culpabilidad o la inocencia del exministro. Corresponde a los jueces establecerlo, sobre la base de las pruebas y con pleno respeto al debido proceso. Anticipar un veredicto sería tan injusto como impedir una investigación. Lo que sí se debe hacer es analizar el mensaje que el sistema judicial transmite a la sociedad.
Medinaceli llegó al Ministerio de Hidrocarburos precedido de una sólida trayectoria académica y técnica. Como muchos otros profesionales, dejó una carrera consolidada para asumir una de las responsabilidades más complejas del Estado en un momento particularmente difícil para el sector energético. Esa condición, desde luego, no lo coloca por encima de la ley. Si existen indicios suficientes de la comisión de delitos, la investigación debe seguir su curso. Pero tampoco lo convierte, por sí sola, en responsable de todas las decisiones adoptadas dentro de una estructura institucional tan compleja como YPFB.
El problema adquiere otra dimensión cuando la ciudadanía observa que otros procesos de enorme trascendencia siguen caminos muy distintos.
El expresidente Evo Morales continúa en libertad pese a la existencia de procesos y órdenes de aprehensión que no se ejecutan. Nemesia Achacollo, por su parte, se encuentra en Brasil bajo protección derivada de su solicitud de refugio, mientras la justicia boliviana continúa pendiente de hacer efectivas las responsabilidades que le atribuye. La comparación no busca equiparar casos jurídicamente diferentes, sino evidenciar una percepción que se ha instalado en la opinión pública: la ley parece actuar con distinta intensidad según quién sea el investigado.
Esa percepción resulta profundamente dañina para el Estado de Derecho. La igualdad ante la ley no admite privilegios ni excepciones: si un ciudadano enfrenta con rapidez medidas cautelares, el mismo estándar debe aplicarse a cualquier otra persona, sin importar el cargo que ocupó, el respaldo político que conserve o la capacidad de movilización de sus seguidores.
Existe, además, una consecuencia menos visible, pero igualmente preocupante. Bolivia necesita atraer al servicio público a profesionales capaces, independientes y técnicamente solventes. Sin embargo, si quienes aceptan esas responsabilidades perciben que pueden convertirse en los únicos destinatarios de la acción penal mientras otros permanecen intocables, muchos optarán por mantenerse alejados de la administración pública. El Estado terminará perdiendo justamente a las personas que más necesita.
Investigar no es perseguir y exigir responsabilidades no es buscar culpables a cualquier precio. Pero la justicia solo inspira confianza cuando actúa con objetividad, imparcialidad y coherencia. La ley debe proteger a la sociedad sancionando a quien delinque, pero también debe garantizar que nadie sea tratado de manera diferente por razones políticas o coyunturales.
La credibilidad de la justicia no depende de cuántos procesos abra, sino de que todos los ciudadanos, sin excepción, sean medidos con la misma vara. Solo entonces se podrá hablar de un verdadero Estado de Derecho.
