Bolivia se acerca a la mitad de los 90 días de vigencia del estado de excepción que permitió levantar los bloqueos de caminos más prolongados y dañinos de los últimos años. La medida extraordinaria devolvió la transitabilidad al país, restableció el abastecimiento y evitó que la crisis continuara profundizándose. Pero, mientras el reloj avanza hacia el fin de esa excepcionalidad, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) permanece inmóvil ante una responsabilidad que ya no admite excusas.
Los bloqueos dejaron una huella que difícilmente se podrá borrar. La economía sufrió pérdidas multimillonarias, miles de productores vieron frustrado el fruto de su trabajo, el comercio fue paralizado, los servicios esenciales resultaron afectados y decenas de familias quedaron marcadas por la tragedia. Bolivia comprobó, una vez más, que los bloqueos dejaron de ser un simple mecanismo de protesta para convertirse en un instrumento capaz de poner de rodillas al país entero.
Paradójicamente, esa experiencia no ha provocado la reacción que cabía esperarse del Órgano Legislativo. Mientras el Ejecutivo, aunque tarde, asumió el costo político de decretar un estado de excepción para recuperar el orden público, la ALP no ha demostrado la menor urgencia para debatir y aprobar las leyes que impidan que se repita lo ocurrido entre mayo y junio. Los proyectos de ley para sancionar bloqueos de caminos perjudiciales existen, lo que falta es voluntad política.
No es aceptable que, después de semejante crisis, los legisladores actúen como si el problema hubiera desaparecido por el simple hecho de que los caminos del país hoy están despejados. Precisamente porque el tránsito fue restablecido es que corresponde legislar con serenidad, lejos de la presión de la confrontación y pensando en el interés nacional. ¿Estarán esperando a que estalle un nuevo conflicto para volver a improvisar?
Conviene recordar que el derecho a la protesta no es absoluto. Ninguna democracia puede admitir que, en nombre de una reivindicación sectorial, se vulneren derechos tan elementales como la libre circulación, el acceso a la salud, el abastecimiento de alimentos o la continuidad de las actividades económicas. La Constitución Política del Estado protege todos esos derechos, no únicamente el de manifestarse.
Hay una pregunta inevitable: ¿Qué ocurrirá cuando concluya el estado de excepción? Si la ALP mantiene su pasividad, Bolivia regresará exactamente al mismo escenario jurídico que permitió más de 50 días de bloqueos, pérdidas económicas, desabastecimiento y muertes. En otras palabras, volverá a depender de medidas extraordinarias cada vez que un grupo decida cerrar las carreteras.
Sería un fracaso institucional de enormes proporciones. Las democracias se fortalecen con leyes, no con estados de excepción permanentes. Estos son recursos extremos y temporales; las normas aprobadas por el Legislativo, las que garantizan estabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica.
La ALP todavía puede saldar esta deuda con el país, pero el tiempo se agota. Cada día que transcurre sin debatir ni aprobar una legislación eficaz contra los bloqueos ilegales acerca a Bolivia a la posibilidad de repetir una crisis que demostró ser demasiado costosa. Si los legisladores dejan pasar esta oportunidad, serán ellos quienes deban responder cuando las carreteras vuelvan a convertirse en el escenario de una tragedia que pudo haberse evitado.
