Bolivia celebrará este jueves los 201 años de su independencia y, como corresponde, los actos centrales volverán a concentrarse en Sucre, la capital. Sin embargo, esta vez la conmemoración tendrá un ingrediente que, sin lugar a dudas, resultará más trascendente que los discursos y los actos protocolares: la reunión de los nueve gobernadores para debatir el futuro de la organización territorial del país.
No será un encuentro cualquiera. Por primera vez en esta gestión gubernamental se encontrarán los gobernadores y no deja de ser sugestiva la coincidencia histórica de que lo hagan dos siglos del nacimiento de Bolivia. Si en 1825 se discutió la creación de un nuevo Estado, en 2026 comienza a debatirse cómo debe ser reorganización para responder a una realidad muy distinta.
La agenda no es menor. El denominado 50/50, que plantea una nueva distribución de los recursos entre el nivel central y las entidades territoriales; el pacto fiscal, largamente postergado, y hasta el federalismo forman parte de una discusión que hace pocos años parecía impensable. Que hoy esos temas ocupen un lugar central demuestra que el modelo vigente presenta limitaciones que ya no pueden ocultarse.
El surgimiento de estas propuestas tampoco resulta casual. Durante años el centralismo pudo sostenerse gracias a una economía favorecida por los altos ingresos provenientes de las materias primas. Esa bonanza permitió disimular ineficiencias y concentrar la toma de decisiones en el nivel central. Pero la realidad ha cambiado y hoy, con recursos cada vez más escasos, se hacen evidentes las limitaciones de un modelo que obliga a departamentos y municipios a depender de decisiones adoptadas lejos de sus propias necesidades.
Por eso, el debate sobre una nueva distribución de competencias y recursos no responde a un capricho regional ni a una consigna política, es la consecuencia de un Estado que enfrenta crecientes dificultades para atender, desde un solo centro de poder, la diversidad y las demandas de un país complejo. Ignorar esa realidad sería tan equivocado como suponer que cualquier propuesta constituye, por sí sola, la solución. Lo verdaderamente importante es que Bolivia ha comenzado, al fin, una discusión que durante demasiado tiempo prefirió postergar.
La Constitución de 2009 instauró un régimen de autonomías, pero la descentralización nunca fue completa. Las regiones asumieron mayores responsabilidades mientras el poder político y económico continuó concentrado en el nivel central. Esa contradicción explica buena parte de las demandas que hoy expresan tanto departamentos como municipios.
Sería un error descalificar estas propuestas antes de discutirlas. Ningún país fortalece su institucionalidad evitando los debates de fondo; por el contrario, las grandes transformaciones suelen comenzar cuando se reconoce que un modelo dejó de responder con eficacia a las necesidades de la población.
No deja de ser simbólico que este debate tenga lugar en Sucre. La ciudad donde nació Bolivia vuelve a convertirse en escenario de una reflexión sobre su destino. No es casual que la Constitución disponga que cada 6 de Agosto la Asamblea Legislativa Plurinacional inaugure allí sus sesiones ordinarias. La capital constitucional sigue siendo el punto de encuentro de la historia con la institucionalidad.
Los aniversarios no solo sirven para recordar de dónde venimos, también deberían ayudarnos a decidir hacia dónde queremos ir. Quizá por eso resulte tan oportuno que, 201 años después, sea nuevamente Sucre, la ciudad en la que se alumbró Bolivia, donde se empiece a discutir —otra vez— el futuro.
