Reducir el tamaño del Estado no es, por sí mismo, una mala noticia. Bolivia arrastra desde hace años una estructura administrativa compleja, costosa y, en muchos casos, poco eficiente. Si la decisión del Gobierno de disminuir el número de ministerios responde a un propósito serio de racionalización del gasto público y de simplificación institucional, merece ser evaluada por sus resultados y no por el impacto político del anuncio.
Sin embargo, toda reforma de esta naturaleza debe responder a una pregunta básica: ¿qué ocurrirá con las funciones que hasta ahora ejercían las entidades suprimidas?
La desaparición del Ministerio de Turismo Sostenible, Cultura, Folklore y Gastronomía no solo implica una modificación del organigrama estatal. Ese despacho tenía bajo su responsabilidad a los cuatro sectores que integraban su nombre y forman parte de la llamada ‘economía naranja’. Son actividades que preservan la identidad nacional y también generan empleo, atraen inversiones, fortalecen economías regionales y se constituyen en una alternativa válida para la crisis en curso, al margen del actual modelo extractivista.
Por ello, la preocupación expresada por empresarios turísticos y organizaciones culturales debe ser tomada en cuenta. El país necesita saber cómo continuará la promoción del turismo y quién coordinará la defensa del patrimonio cultural, ahora que es objeto de apropiación por parte de países vecinos, y de qué manera se mantendrán las políticas públicas destinadas a sectores que representan un importante potencial de desarrollo económico.
La incertidumbre es aún mayor en el ámbito del patrimonio histórico. El Viceministerio de Culturas heredó competencias que antes correspondían al desaparecido Ministerio de Culturas, entre ellas la participación del Órgano Ejecutivo en la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.
Esta última entidad administra algunos de los repositorios documentales y museísticos más importantes del país: la Casa de la Libertad y el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en Sucre; la Casa Nacional de Moneda, en Potosí, además de otros centros patrimoniales de enorme valor en los departamentos de La Paz y Santa Cruz.
Si desaparece el ministerio que cobija al viceministerio, ¿cómo quedará estructurada esa representación? ¿Qué autoridad ejercerá las atribuciones que hoy corresponden al Ejecutivo dentro de la Fundación? ¿Se modificará su directorio o simplemente cambiará la dependencia administrativa? Son interrogantes que el Gobierno debería responder cuanto antes, porque la protección del patrimonio histórico no admite vacíos institucionales.
La discusión, en consecuencia, no tendría que reducirse a contar ministerios. Un Estado puede ser más pequeño y, al mismo tiempo, más eficaz. Pero también ser más pequeño y menos capaz de cumplir funciones estratégicas. La diferencia no está en el número de despachos, sino en la claridad con que se redistribuyen competencias, responsabilidades y recursos. Y, sobre todo, en contar con un plan, con una idea clara de qué es lo que se quiere hacer.
