Los 201 años de Bolivia se celebran con los actos centrales en Sucre, destacando el civismo de las instituciones y, particularmente, la emoción y el patriotismo que de manera ejemplar demuestran nuestros niños y jóvenes, tanto de escuelas y colegios fiscales y particulares como de institutos y universidades. En paralelo, esta oportunidad sirve para realizar un balance de lo que se hizo y se dejó de hacer después del Bicentenario de 2025.
El gobierno del presidente Rodrigo Paz está a horas de cumplir nueve meses y el primer mandatario se apresta a brindar su mensaje-informe a la nación desde la Casa de la Libertad. En días pasados, el vocero José Luis Gálvez adelantó a este periódico que se ocupará de comunicar los logros de la gestión, con énfasis en la situación económica del país y los avances en la aplicación de la fórmula del “50-50” para redistribuir los recursos y competencias del Estado.
Al asumir este gobierno, las expectativas de la población eran altas. Esto debido a la abominable decadencia de las instituciones democráticas que dejó el Movimiento Al Socialismo (MAS) y, fundamentalmente, a la incertidumbre por la confluencia de varias crisis de preocupación general: la del dólar, la del gas y la de la gasolina y el diésel, en lo económico, y la de los bloqueos de los 53 días, en lo político y social.
La sociedad ha tomado con responsabilidad la acertada decisión de acabar, al menos en parte, con la subvención a los hidrocarburos, pero, después de nueve meses, las señales de despegue de la economía se dejan esperar y ahora cunde el nerviosismo pues, de manera silenciosa, la inflación ataca directamente al bolsillo de los bolivianos. Y las filas en los surtidores siguen siendo una constante, la nueva normalidad del país.
Por otro lado, el manejo del conflicto de los bloqueadores dejó un mal sabor de boca. El estado de excepción se dictó tarde y esto dilató la crisis por más tiempo de lo deseable, afectando a la economía familiar. En contrapartida, si bien hubo muertos, no lo fueron por la acción policial y/o militar, como ocurría en el pasado y con saldos lamentables.
A lo negativo hay que sumarles la abandonada reforma judicial —a la que el Ejecutivo no se ha referido más desde que la ofreció— y el meticuloso cálculo de seguridad —y también político— a la hora de (no) ejecutar los mandamientos de aprehensión que pesan contra el expresidente Evo Morales, dejando una sensación de que la justicia se aplica para unos y no para otros.
En su momento se aplaudió la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset —un “pez gordo” del crimen organizado global— en un impecable operativo que le ha redituado una buena imagen internacional a Bolivia. En el otro lado de la balanza aparecen casos como el ingreso irregular de las 31 valijas que llegaron de Estados Unidos —en un viaje de la exdiputada Laura Rojas y con la involucración del juez Herbert Zeballos— y el de las cuatro maletas cargadas de casi 200 kilos de oro, que pretendieron sacar a Dubái. Ambos, todavía sin resolver.
Por lo demás, la lentitud con que se encaran las políticas indispensables para afrontar la multicrisis ha sido incluso aceptada por el Ejecutivo. Muchos de los cuestionamientos a la gestión de gobierno pasan por esa tardanza. Hay un paquete de leyes del que se ha hablado durante meses, sin concretarse hasta el momento. Ahora lo anuncian, como un primer paso de varios, para la próxima semana.
Es verdad que desmontar la estructura del viejo Estado corrompido no es tarea fácil, ni algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Pero la percepción generalizada es la de un gobierno que no termina de arrancar y que tiene dificultades incluso para consolidar un gabinete de ministros estable. Si a la nave le cuesta poner primera, le será imposible recorrer siquiera una distancia aceptable del camino trazado durante la campaña electoral.
Resulta interesante escuchar a autoridades nacionales reconocer el centralismo que históricamente le ha hecho un daño inconmensurable al país y con ningún ánimo de reparación por parte de los gobiernos de turno. Es de esperar que, después de este discurso fresco y renovado, esta vez la prédica de los políticos se traduzca en beneficios tangibles para todos los departamentos. De entrada, es ya un punto a favor de Paz el haber accedido a reunirse con los nueve gobernadores para abordar este asunto clave para el futuro de las economías regionales. El siguiente paso, según lo adelantado por el Gobierno, es proceder de la misma forma con las alcaldías y las autonomías indígenas.
Los acuerdos alcanzados este miércoles 5 de agosto entre el Presidente y los gobernadores, calificados de históricos por varios de estos, representan un gran avance, de cara a la posibilidad de contar con un Estado efectivamente autonómico. La voluntad política de una implementación progresiva del 50-50 es, sin lugar a dudas, positiva, para redistribuir los recursos y permitir a cada departamento generar su propio desarrollo según sus características y potencialidades.
