En una democracia auténtica, la defensa de las instituciones no puede quedar reducida a una consigna ocasional ni a una preocupación de especialistas. Es una responsabilidad cívica elemental. Quien entiende el valor de la República sabe que sin instituciones sólidas no hay libertad efectiva, ni equilibrio de poderes, ni protección real de los derechos. Por eso, respaldar la autonomía y la independencia del Poder Judicial no es una postura corporativa ni una preferencia ideológica; es una exigencia democrática y una condición básica del Estado de Derecho.
No existe democracia cuando las instituciones solo funcionan en el papel, pero son sometidas, condicionadas o amordazadas por el poder político de turno. Tampoco la hay cuando quedan capturadas por intereses particulares, redes de corrupción o estructuras criminales. Una democracia sin autonomía institucional termina convertida en simulacro; conserva las formas, pero pierde su sustancia, su contenido. Allí donde el poder se ejerce sin contrapesos, la ley deja de ser límite y se transforma en instrumento de conveniencia. Y cuando eso ocurre, la población que aún no termina de madurar su ciudadanía queda indefensa frente al abuso, la arbitrariedad y, en los peores escenarios, frente a la captura del propio Estado.
Conviene decirlo con claridad. Exigir que se respeten los derechos frente al Estado no es militancia partidaria ni alineamiento ideológico. Ese es, de hecho, uno de los recursos más antiguos del discurso antidemocrático; descalificar como “politizado” o “sesgado” a quien reclama instituciones que funcionen, jueces y fiscales independientes y autoridades sometidas a la ley. Es una maniobra destinada a desacreditar la crítica y a debilitar la vigilancia ciudadana. Pero el Estado existe para servir a la sociedad, y una de sus funciones esenciales es administrar justicia con independencia y legitimidad.
En ese contexto, el rol del juez y del Poder Judicial es sumamente importante. No hay límite real al poder sin una justicia autónoma capaz de controlarlo. Esa función adquiere mayor relevancia cuando sectores de la política utilizan la democracia como vehículo de acceso al poder para luego instrumentalizarlo en beneficio propio, amparando prácticas corruptas, delictivas o abiertamente mafiosas. El Perú conoce de sobra, desde hace décadas, cómo ciertas redes de poder pueden infiltrarse en las instituciones, degradarlas desde dentro y convertir la legalidad en una simple fachada. Por eso, no basta con invocar la democracia; hay que defenderla de quienes la vacían desde adentro.
En ese sentido, las expresiones de la presidenta del Poder Judicial, doctora Janet Tello Gilardi, en el marco de la actividad de apertura del año judicial, merecen respaldo. Su demanda de respeto a la autonomía e independencia judicial no defiende únicamente a una institución; protege un interés público esencial y reafirma la dignidad de la función jurisdiccional. Un Poder Judicial fuerte, idóneo y comprometido con el país es indispensable para contener los abusos del poder y para impedir que la corrupción se siga normalizando como método de Gobierno.
Hoy, cuando el crimen organizado y la corrupción disputan espacios de influencia dentro del Estado, la independencia judicial no es un lujo institucional; es una barrera de contención indispensable. Si esa barrera se debilita o cede, no cae solo una entidad; se expone a toda la ciudadanía. Por eso, defender al Poder Judicial frente a las presiones del Ejecutivo, del Legislativo y de los poderes fácticos no es una fórmula retórica. Es un deber republicano. Y es, sobre todo, una forma concreta de defender la democracia antes de que el daño sea irreversible.
