Un majestuoso felino, el jaguar (Panthera onca), símbolo de las selvas americanas, especie en peligro de extinción protegida por ley, fue víctima de biocidio en Guayaramerín, Beni. Algo que pudo pasar desapercibido circuló en las redes lastimando la sensibilidad de la gente por la crueldad humana manifiesta en el crimen cometido contra un animal de nuestra selva. Es innegable que la vida humana es invalorable y debe ser protegida, pero no es menos importante preservar la vida de todos los seres que cohabitan con los humanos, en la Naturaleza que brinda existencia y sustento.
En el video puesto en redes sociales por un espectador del hecho se veía un animal perdido en un rincón, sin muestras de agresividad ante los hombres armados en asedio. Ante el impacto generado, el video fue editado mostrando un aparente acto de defensa ante un posible ataque del felino. No faltaron personas defendiendo la acción, alegando protección de la vida humana; algo incuestionable, pero no fue el caso. La muerte del felino no responde al hambre ni a supervivencia, muestra su destino al tráfico ilegal de partes de animales silvestres a mercados internacionales.
En Bolivia, el delito de biocidio tipificado en el Código Penal mediante la Ley 700 (junio, 2015) para Defensa de los Animales contra Actos de Crueldad y Maltrato sanciona con 2 a 5 años de cárcel y multas económicas para quien mate a un animal con saña o motivos fútiles; esta norma está orientada a la preservación de animales domésticos. La Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma) que acompañó a fiscales investigando el biocidio –que ya no fue indiferente para al país– verificaron que el jaguar había sido domesticado antes, también prohibido. La brecha entre la norma y la realidad cotidiana sigue siendo abismal, pues las denuncias chocan contra la falta de fiscalización, la impunidad y vacíos institucionales que dejan desprotegidas tanto a mascotas como a la fauna silvestre traficada ilegalmente.
El reclamo de organizaciones ambientalistas, colectivos de protección animal y activistas, para el endurecimiento de las penas, es escuchado, mas no atendido. Denuncian que la falta de aplicación rigurosa de las leyes y los vacíos en el sistema judicial dejan la mayoría de estos crímenes impunes o con sanciones mínimas. La voz de los colectivos resuena en ciudades y campo, la protección de la fauna silvestre y doméstica no puede empezar cuando el animal ya ha sido asesinado. Es una lucha urgente por la vida, la justicia y la dignidad de seres sintientes que no tienen voz para defenderse.
Al biocidio en la Amazonía se suman tragedias urbanas y rurales. En ciudades golpea a los animales domésticos, donde perros y gatos enfrentan el abandono, el envenenamiento sistemático en lugares públicos y agresiones físicas extremas ejercidas con ensañamiento. No hace mucho, la indignación colectiva estalló en Santa Cruz, tras el envenenamiento de perros indefensos, perpetrado por antisociales en el Refugio Esperanza (2023); ) y entre muchos casos conocidos, la memoria colectiva aún no olvida la masacre de decenas de cóndores en Tarija, envenenados en Laderas Norte (2021).
Son conocidas actividades de cacería mimetizadas, promovidas para extranjeros, o venta de especies exóticas en extinción, ej. el tráfico ilegal del escarabajo “torito” de la especie endémica Dynastes satanas de los Yungas o similares Scarabaeidaes de otras regiones, que en Japón eran cotizados en cientos de dólares para crianza como mascotas exóticas o de lujo y usados clandestinamente en peleas o torneos de insectos, populares en ese país. En carreteras y mercados clandestinos, la historia se repite: pieles, colmillos de jaguar y aves exóticas son arrancados de su entorno natural para alimentar redes de comercio furtivo. Cada espécimen capturado o mutilado debilita la trama de la Amazonía y los Llanos de Moxos, condenando a especies vulnerables a desaparecer del mapa natural.
El impacto en la biodiversidad es constante, la categoría del jaguar pasó de “vulnerable” a “en peligro” en el Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia debido a la deforestación, la quema de su hábitat y la caza furtiva. Los incendios devastadores (provocados) en los años 2023 y 2024, ocasionaron que ejemplares de muchas especies en riesgo de extinción, migren a otras regiones y países vecinos, en busca de nuevo hábitat.
La destrucción de vida animal en Bolivia no es suceso aislado ni mera eventualidad, es una cadena de decisiones humanas que postergan la compasión y el valor intrínseco de los seres sintientes. Detener este ciclo exige una transformación profunda en la conciencia colectiva y el cumplimiento riguroso de justicia, para que el derecho a la vida deje de ser un privilegio que es arrebatado sin consecuencia. Es menester modificar y ampliar las normas hacia la protección efectiva de la fauna y flora nacionales. El Tribunal Agroambiental debe ampliar su accionar a la preservación activa del ecosistema natural y no limitarse a priorizar procesos contenciosos y administrativos relacionados con tierras.
* Es economista y socióloga.
