Bolivia se está acostumbrando peligrosamente a convivir con la muerte o con los actos de sicariato. Los tiroteos, los asesinatos por encargo y los ajustes de cuentas ya no sorprenden. Y con igual naturalidad se reciben las noticias de nuevos derrumbes, explosiones o intoxicaciones en las minas. Cambian los escenarios y los responsables inmediatos, pero el resultado es el mismo: vidas perdidas que el Estado tenía la obligación de proteger o vidas a punto de perderse, en lugares públicos y, tampoco nadie hace nada.
Ambos fenómenos han terminado reducidos a estadísticas. Se informa del número de muertos o de intentos de asesinatos, pero rara vez se profundiza en las responsabilidades. Detrás de cada cifra hay decisiones, omisiones y autoridades que no cumplieron con su deber. Mientras la atención se concentra en contar víctimas, los responsables permanecen en las sombras. El caso más reciente es el de la activista Nadia Beller, baleada en la puerta de un conocido hotel de Santa Cruz de la Sierra.
Principalmente en el departamento cruceño es de donde más se reportan casos de crímenes, algunas veces, cometidos en las narices de la Policía.
Hoy por hoy, los homicidios, los feminicidios o los intentos de asesinatos contra mujeres constituyen el desafío más visible al Estado de Derecho. Hay lugares, como por ejemplo las fronteras con Brasil, donde la gente vive atemorizada por fallas en la prevención, en la inteligencia policial o en la administración de justicia.
Lo más grave de todo es que parece haberse desarrollado una inquietante capacidad para normalizar las tragedias. Ahora pasó con la activista Beller, que sufrió un atentado y salió a denunciar al entorno cercano del presidente Rodrigo Paz por presunta corrupción, entre otras revelaciones que el Gobierno pidió investigar.
Párrafo aparte para el enigmático Fernando Cerimedo, quien se presentaba como Asesor Principal del Presidente y desde la Vocería del Gobierno aseguran que solo era un colaborador para el área de comunicación. No queda clara la influencia política de este ciudadano argentino que a punto está de ser imputado por intento de feminicidio y enriquecimiento ilícito.
Pero Cerimedo vino dando que hablar, especialmente en las redes sociales y en tono negativo, incluso desde antes de la llegada del presidente Paz al poder. Basta ver cómo se mueve en X (antes Twitter) para saber la clase de persona que es: un violento que no mide las consecuencias de sus palabras y, por lo denunciado por su pareja (o expareja; tampoco queda claro), tampoco de sus actos cuando emplea la fuerza física.
Resta saber si las implicancias políticas de este escándalo profundizarán todavía más al Gobierno, que no gana para sustos. Primero fueron los carburantes, tanto por desabastecimiento como por la ‘gasolina basura’; después, los 53 días de asfixiantes bloqueos; se empantanó —al igual que las gestiones del MAS, la de Evo Morales y la de Luis Arce— con la corrupción en YPFB y, ahora, nuevas denuncias que esta vez salpican a la familia del primer mandatario. Todo aparejado a la crisis de la falta de dólares y al fin de la economía del gas.
La política se mezcla ahora con la inseguridad ciudadana y, si se toma en cuenta que en materia económica el país no anda nada bien, solo queda reflexionar en qué se puede decir que estamos relativamente tranquilos. Todo abona la sensación de desconfianza.
