Evo Morales quiere volver a la Presidencia y su estrategia parece bastante clara: reorganizar su movimiento, conseguir una nueva sigla y, si fuera necesario, promover un referendo que le permita sortear el impedimento constitucional que pesa sobre su candidatura.
El movimiento Evo Pueblo ya comenzó esa reorganización. Sus dirigentes anunciaron la recuperación de militancia, el fortalecimiento de su estructura y la búsqueda de una sigla para participar en futuras elecciones. No se trata, por tanto, de una simple declaración de intenciones, sino que hay un proyecto político de retorno.
En ese contexto debe entenderse la propuesta de consultar nuevamente a los bolivianos sobre esta eventual candidatura. El vicepresidente Edmand Lara ha dicho que si la mayoría respalda esa posibilidad, se debe respetar la voluntad popular. La frase parece democrática, pero entraña un problema fundamental: en una democracia constitucional, ni siquiera la mayoría puede hacerlo todo.
La voluntad popular tiene límites establecidos por la propia Constitución Política del Estado (CPE). Si mañana una mayoría votara por eliminar la separación de poderes o por permitir que un presidente permanezca indefinidamente en el cargo, ¿se lo debería aceptar porque ganó un referendo? Evidentemente no. La democracia no consiste solo en lo que decida la mayoría, sino también en que esa mayoría respete las reglas que protegen a todos.
Y en este caso, las reglas son claras. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) estableció en 2025 que nadie puede ejercer más de dos veces la Presidencia o la Vicepresidencia, de manera continua o discontinua. En consecuencia, un referendo no puede convertirse en una llave para abrir una puerta que la Constitución y la justicia constitucional mantienen cerrada.
Si se quiere modificar la CPE, existe un procedimiento para hacerlo. Lo que no corresponde es presentar una consulta popular como mecanismo para eludir una prohibición constitucional.
Morales ya tuvo la oportunidad de consultar al país sobre su continuidad. En 2016, los bolivianos rechazaron —casualmente mediante referendo— la reforma que pretendía permitir una nueva candidatura presidencial. Ganó el “No”. Después, una interpretación constitucional permitió su candidatura en 2019, pese a aquel resultado. Esa experiencia debería bastar para comprender que Bolivia no necesita otra vez una institucionalidad diseñada alrededor de las aspiraciones de una sola persona.
El problema, además, no es solamente jurídico; es político. Los ciclos terminan. Morales gobernó durante casi catorce años y tuvo la oportunidad de transformar el país. Entre aciertos y errores, dejó obras y también graves problemas. Pero ningún gobernante puede considerar que su presencia política resulta indispensable… para siempre.
La democracia consiste precisamente en aceptar que nadie es imprescindible: la famosa alternancia de poder.
No se puede ignorar que Morales enfrenta procesos judiciales y que pesan sobre él dos órdenes de aprehensión. Sus seguidores denuncian persecución política y él rechaza las acusaciones. La justicia tiene que determinar responsabilidades con pleno respeto al debido proceso. Pero tampoco se puede pretender que una candidatura política se convierta en una vía para resolver asuntos que competen a los tribunales.
Morales tiene derecho a organizar un partido, hacer política y buscar respaldo ciudadano dentro de los límites de la ley. Lo que no tiene es un derecho adquirido a volver a la Presidencia.
Bolivia ya votó. La Constitución ya habló. Y el Tribunal Constitucional también. Ahora corresponde que todos respeten las reglas. (R)
