El caso Beller-Cerimedo ha dejado de ser un episodio policial para convertirse en un asunto que compromete al Gobierno y a la capacidad del Estado para esclarecer hechos graves.
A las denuncias de Nadia Beller de intento de asesinato, violencia, negociados y una presunta influencia desmedida del asesor Fernando Cerimedo se sumaron elementos que exigen una investigación seria. En allanamientos realizados a inmuebles vinculados al colaborador cercano del presidente Rodrigo Paz se hallaron grandes cantidades de dinero, oro y una “granja de bots”.
Beller ha formulado acusaciones fuertes que requieren ser contrastadas. Cerimedo, por su parte, ha negado la influencia que se le atribuye, mientras que ahora se conoce, a partir de su declaración ante la Fiscalía, que participó en modificaciones al Decreto Supremo 5515 y que lo hizo con ayuda de la activista baleada. Esto contradice la versión oficial de que el extranjero era solo un asesor externo sin capacidad de decisión.
No corresponde decidir quién dice la verdad mediante entrevistas o conferencias de prensa. Las versiones incompatibles deben ser sometidas a pruebas. Circulan documentos de la Fiscalía en los que se advierten conversaciones donde se habla de “eliminar” a Beller. Semejante afirmación, seguramente pronto convertida en prueba judicial, no puede pasar como algo más dentro de la investigación.
En cuanto a la dimensión política, el Gobierno —primero a través del vocero José Luis Gálvez porque el presidente Paz prácticamente no se había referido al tema hasta este miércoles— sostuvo que Cerimedo no tenía capacidad para tomar decisiones, pero el asesor declaró que intervino en la elaboración y modificación de una norma que reorganiza el Órgano Ejecutivo. Si un asesor sin cargo formal podía intervenir en decisiones de esa naturaleza, ¿quién le otorgó esa potestad y hasta dónde llegó su influencia? ¿Cómo es que manejaba tarjetas personales en las que se presentaba como “asesor principal” de Paz? Al respecto, el primer mandatario dijo mediante un video que “el señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia”.
Asimismo, Paz aseguró que “nunca hubo un contrato, por eso nunca hubo una relación de trabajo directa como la que se puede llevar adelante con ministros, viceministros, delegados presidenciales”.
El esfuerzo gubernamental por despegarse de todo lo relacionado con el controvertido asesor argentino es evidente.De todos modos, este caso ha configurado un panorama muy delicado que ha llegado a comprometer directamente la credibilidad del Gobierno. Se necesita una investigación que no seleccione las pruebas según conveniencias políticas: revisión de teléfonos, comunicaciones, movimientos financieros, documentos, cámaras y pericias, además de las declaraciones de todos los involucrados, incluyendo a las autoridades del Ejecutivo en la Casa Grande del Pueblo donde, según se supo, Cerimedo —y Beller— llegaron a trabajar.
Por lo demás, dos hombres atacaron a Beller y no se debería parar hasta identificarlas, así como al autor intelectual. A esto se suma una presunta estructura de influencias, negocios y manipulación política montada alrededor de Cerimedo.
La justicia no puede convertirse en escenario de relatos. Y el Gobierno tampoco limitarse a negar lo que lo incomoda. En un caso que pone en cuestión la seguridad de una persona, la transparencia de la administración pública y la credibilidad institucional, la única respuesta aceptable es la verdad, caiga quien caiga. Los ojos del país están puestos en la Policía, el Ministerio Público y el Órgano Judicial.
