La evolución del ejercicio de gobierno desde la posesión de Rodrigo Paz fue mostrando ausencia programática, gradualidad, lentitud en decisiones y acción, manteniendo continuidad del anterior modelo económico, profundizando la crisis heredada y dando paso a conflictos sociales. El vaivén político de un “no gobierno” marcó las acciones. En el transcurso, el pacto con Dios y con el diablo fue lineamiento para el manejo de los sectores sociales (mineros, COB, etc.).
La combinación del decrecimiento del PIB durante varios trimestres y el crecimiento sostenido de la estanflación ahondaron la situación de crisis. Si bien los créditos amortiguaron en algo la debacle, no es menos cierto que las reservas del Estado están mermadas y el país está endeudado con créditos externos que superan su capacidad de pago. El gas por agotarse deberá ser importado y las exportaciones de oro han disminuido; gran parte del mineral sale por contrabando incontrolado. Mientras, se perpetúan los mayores problemas: escasez de dólares, desabastecimiento de combustible y pérdida del poder adquisitivo en los hogares.
En el proceso, la corrupción y la concusión fueron poniéndose en evidencia con escalada de escándalos: gasolina adulterada, maletas de incógnito, narcomaderas, salida de oro en maletas; sin pena ni sanción. El último caso, el de Cerimedo-Beller, donde los propios protagonistas develaron el proscenio del delito. Tras lo que debió ser el último episodio de un drama con la agonía de las estrellas, se abriría nuevo episodio con el canto lírico de una Medea de Eurípides bajo una lluvia de oro. ¡Quién fuera estrella para poseer una profusa “cold walet”! Los dos juglares de la corte van mostrando sus habilidades histriónicas continuando con la saga. La cobertura de la crónica roja se encargaría de darle connotación internacional a la interpretación.
El sumun de la crisis moral –transversal al enlace de las crisis económica, social y política– generó el colapso de la institucionalidad y gobernabilidad, eliminado la credibilidad y confianza de la ciudadanía. El colapso simultáneo en el entorno inmediato del Ejecutivo (caso Espinoza), la confrontación de poderes y el descalabro de indicadores macroeconómicos, es la realidad expuesta. Un gobierno que debió ser el puente de transición entre un modelo y otro, se desploma; las medidas lerdas e incompletas mantienen conflictos en ciernes (ej. D.S. 5676). La cadena de consecuencias por venir ahondará la situación de crisis generalizada. La política tomó preeminencia, aunque su estructura fragmentada provocó dispersión del poder, los partidos políticos de derecha se han distanciado generando oposición congresal y presentarán un programa y un paquete de leyes para cambiar la CPE que da para largo.
Con el escenario expuesto hay dos alternativas: un acortamiento del mandato –que ni Edmand Lara quiere– o trabajar, trabajar y trabajar. No hay más que analizar, solo le queda al Gobierno hacer un balance crítico –sin eufemismos ni retórica discursiva–, adoptar medidas urgentes para estabilizar la economía boliviana y atender las urgencias sociales. Diversos economistas coincidimos con los sectores productivos y gremialistas en que debe ejecutarse un plan de contingencia de acción inmediata en la agenda pública, con gestión técnica y transparente en los tres ámbitos principales: político, económico y social. En resumen:
• Político: Medidas de transparencia en gobernabilidad e institucionalidad. Designar un gabinete técnico y acreditado, con experiencia verificable. Realizar auditorías independientes a compras estatales (especialmente hidrocarburos) con informes mensuales de liquidez. Concertar un pacto de gobernabilidad con la Asamblea Legislativa para evitar la parálisis institucional.
• Económico: Estabilización económica e incentivos.Establecer reglas cambiarias claras para frenar el dólar paralelo. Transparentar la importación y abastecimiento de combustible sincerando precios o implementar subsidios focalizados (priorizando al transporte público y agro) para reducir el déficit fiscal insostenible generado por la importación de hidrocarburos. Establecer un nuevo régimen impositivo para la minería extractivista y sancionar la minería ilegal. Dinamizar el ingreso de divisas mediante alivio tributario a PYMEs e incentivos a exportadores. Cerrar empresas públicas deficitarias.
• Social: Instalar mesas de diálogo con gremios y transportistas para contener la inflación sin coerción (paros y bloqueos). Proteger a los sectores vulnerables mediante el pago garantizado de los bonos sociales.
La adopción de medidas urgentes dará paso luego a las importantes. La situación en el país es compleja, hay factores adversos que suman: el climático, con las sequías, que reducirá la producción agrícola afectando la seguridad alimentaria y la posibilidad inminente de conflictos sociales al margen del estado de excepción. Gobernar, es ahora o nunca…
