Hay momentos en que una fotografía vale más que mil declaraciones. El caso de Fernando Cerimedo parece haber llegado a uno de ellos.
Después de nueve días de silencio, el presidente Rodrigo Paz habló sobre el asesor argentino que fue parte de su campaña y que, según finalmente reconoció, también colaboró al inicio de su gobierno. Paz sostuvo que nunca hubo relación laboral directa ni contrato con el Estado y que Cerimedo “jamás tuvo la autorización” para representarlo a él, a la Presidencia, al Gobierno ni a su familia.
La explicación quedó bajo presión por una fotografía que no procede de un montaje. La imagen, difundida por Nadia Beller, la abogada víctima de un ataque de sicarios y que denunció directamente a Cerimedo como autor intelectual, fue confirmada como auténtica por Bolivia Verifica: Corresponde a una reunión del 7 de marzo de este año, durante la Cumbre del Escudo de las Américas, en Doral, Florida. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una toma del mismo encuentro.
Allí aparece Cerimedo junto a Paz y al entonces canciller Fernando Aramayo, hoy ministro de la Presidencia.
A esta altura, ya no se trata de establecer si Paz y Cerimedo se conocían o si trabajaron juntos durante la campaña: el propio Presidente lo ha reconocido. La pregunta es otra: ¿Qué hacía Cerimedo junto al jefe de Estado en una reunión oficial internacional, cuatro meses después de la posesión presidencial, si —como sostiene Paz— nunca tuvo autorización para representar al Gobierno?
La cuestión no se resuelve con el argumento de que no existía un contrato. Un asesor puede carecer de nombramiento formal y, aun así, tener acceso privilegiado al poder o participar en reuniones. Se debe establecer cuál era su papel exactamente en el momento de la imagen.
Hay, además, una segunda fotografía difundida por Beller en la que Cerimedo aparece en una oficina que ella identifica como la que ocupaba en el piso 23 de la Casa Grande del Pueblo; asegura que es de mayo de este año.
Conviene separar los tantos. Las acusaciones contra Cerimedo tienen que ser investigadas y probadas. Una fotografía no demuestra corrupción, complicidad ni responsabilidad penal. Tampoco sería serio convertir una denuncia en una sentencia.
Pero, precisamente por eso, el Gobierno debe ser el primer interesado en despejar las dudas. La transparencia no consiste solamente en negar una acusación, sino en entregar información suficiente para que la ciudadanía pueda comprender qué ocurrió.
El Presidente tiene derecho a defenderse y a exigir que no se confunda escándalo con prueba. Pero ese principio debe aplicarse también a su propia explicación. Si Cerimedo no era funcionario, ¿por qué estaba allí? Si no representaba al Gobierno, ¿en qué calidad participaba de una reunión presidencial con el Secretario de Estado de Estados Unidos? Si su colaboración terminó al comienzo de la gestión, ¿qué explica su presencia posterior?
Son preguntas sencillas. Y mientras no tengan respuestas convincentes, la foto seguirá diciendo algo que las declaraciones no han logrado explicar hasta ahora.
En democracia, la confianza no se decreta: se construye con transparencia. Cuando una imagen auténtica pone en duda la versión oficial, lo sensato no es descalificarla sino explicar los hechos.
El Presidente tiene la oportunidad de hacerlo.
