Un Estado, cualquiera sea, tiene la responsabilidad de crear institucionalidad como sustento de su funcionamiento, máxime si está en curso la construcción de uno nuevo.
Dicha institucionalidad es el conjunto de normas, leyes, valores y estructuras que regulan el comportamiento ciudadano y el ejercicio del poder con el fin de asegurar que las leyes se cumplan por encima de los intereses personales de los gobernantes o ciudadanos.
En nuestro país, al haberse desmoronado el Estado plurinacional, corresponde reemplazarlo por otro y construir una institucionalidad diferente, que abra el periodo democrático republicano del siglo XXI.
Puesto en vigencia el texto constitucional en 2009, se suponía que el Estado debía dotarse de instituciones destinadas a sostenerlo; empero, lo que hizo fue estructurar un régimen autoritario alejado del democrático. Para este efecto, tomó decisiones distractivas que enmascararon sus intenciones.
Como cuarto órgano de Estado crearon un Tribunal Supremo Electoral, que debería administrar las democracias representativa, directa, participativa y comunitaria; empero, concluyó siendo el instrumento envilecedor del voto ciudadano y el órgano manipulador de la voluntad popular en las urnas.
Las autonomías territoriales e indígenas que constitucionalizaron las instituciones ancestrales, territoriales y el pluralismo jurídico terminaron pulverizando las ilusiones de los pueblos indígena originario campesinos con acciones violentas desde el Estado que negaron lo que estaba escrito, como sucedió con el Tipnis, o la dictación de la Ley de Deslinde que terminó por subsumir las normas y procedimientos colectivos a formas occidentales. Les mintieron sin piedad.
No satisfechos con ello, engañaron a los departamentos y municipios con definiciones y asignaciones competenciales autonómicas, algo que, en los hechos, fue el mecanismo para someterlos al poder central y destrozar lo avanzado con la Ley de Participación Popular y dejarlos como apéndices del poder central con la complicidad de los movimientos sociales prebendales.
Convencieron a la población que con la elección de magistrados por el voto ciudadano se consolidaría la independencia del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional. Por el contrario, fue la forma de controlarlos a través de los movimientos sociales que sometieron a los magistrados a sus designios. Paradójicamente, los representantes indígenas no tuvieron una presencia efectiva en su seno, pese a algunos personajes que se perdieron en la intrascendencia.
Bajo el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que pretendía “maximizar la generación de excedentes económicos a través de sectores estratégicos para redistribuirlos y reducir la pobreza y la desigualdad, logrando el ‘vivir bien’ de la población”, jamás logró este objetivo y más bien instaló en el aparato del Estado una creciente e insensible burocracia, cuyo comportamiento ineficiente y corrupto terminó por hundir el proyecto del estado plurinacional. Las otrora poderosas empresas estatales como YPFB, la Comibol, o las recientes empresas estratégicas nacionales, son el triste ejemplo del fracaso, de la iniquidad, del despilfarro y del asalto desvergonzado a las arcas públicas.
De este modo, cualquier atisbo de institucional democrática nunca se consolidó. La engañosa normativa, más las esqueléticas instituciones plurinacionales, no garantizaron ningún orden estatal, mucho menos un sistema probo de justicia. Así, el manejo mafioso de la cosa pública se consolidó como un derecho de la dictadura.
La inexistencia de una institucionalidad democrática favoreció a los fines autoritarios, normalizó la impunidad, la corrupción, la inseguridad jurídica, el despilfarro de los recursos estatales; los conflictos sociales se convirtieron en la mejor manera de obtener canonjías por las dirigencias corruptas; los gobernantes perdieron toda credibilidad y confianza de la ciudadana. Empero, lo más grave: se erosionó la democracia, dándole una existencia inestable y en crisis permanente. La crisis sostenida arropó a la dictadura electoralizada.
Dividir a la sociedad en posiciones antagónicas e irreconciliables no es anuncio de una cultura de paz y mucho menos de poner en vigencia valores como los de reciprocidad, complementariedad y armonía; fue el deber ser timado. Estos principios, al ser parte de la democracia del siglo XXI, frenan en seco a los pensamientos totalitarios en la medida que los opuestos se necesitan, los extremos ideológicos se complementan dotando el uno al otro de conceptos y prácticas que no tiene el del frente para comprender o responder a la complejidad social.
Quienes debilitan o afectan la creación de sólidas instituciones están conspirando contra la estabilidad democrática. María Victoria Murillo, Steven Levitsky y Daniel Brinks consideran que “…en América Latina existen incentivos para crear instituciones débiles. De hecho, estiman que la debilidad institucional constituye una estrategia política…” con el fin de mantenerse en el poder, activando mecanismos de arbitrariedad e incumpliendo con la normativa preestablecida. Para ello, no requieren de institución alguna, el autoritarismo resuelve los problemas de la sociedad mediante la imposición.
Por el contrario, si una institución es fuerte “…logra cambiar el comportamiento de los actores, cumpliendo con ello el objetivo para el cual fue creada”. Ese cambio de comportamiento de los actores se puede lograr desactivando la normativa que sustenta al autoritarismo, que no es otra que la Constitución fallida del 2009; de este modo, el país requiere un nuevo texto constitucional sobre la base de un pacto social que innove la república del siglo XXI y cree instituciones modernas y estables.
Este propósito requiere de la unidad de los actores políticos democráticos, que vislumbren el horizonte más allá de sus intereses coyunturales y con la convicción de superar el pasado autoritario. Este es un momento de quiebre a ser enfrentado con lucidez, firmeza y humildad; empero, si estos atributos no los acompañan, cuando menos, deberían tener una visión realista y someterse a las necesidades históricas de Bolivia con decisiones valientes.
Los acontecimientos en el país no son lineales, ordenados ni están exentos de tensiones. Pretender arribar a acuerdos tranquilos y sin objeciones es una ilusión. Las aproximaciones serán difíciles, con abundantes inseguridades y desconfianzas que solo podrán ser superadas si el horizonte es el futuro democrático como fin superior. Esta monumental tarea no puede cargarse sobre las espaldas de un mesías o de un grupo: la musculatura política de los actores políticos actuales es esmirriada, el uno requiere del otro y viceversa.
Así sea a regañadientes, todos deberían estar en esta tarea, incluyendo a los arrepentidos.
