La crisis energética boliviana es multidimensional y estructural. Su solución de fondo exige una reforma integral de los sectores de hidrocarburos y electricidad, nuevas reglas, inversión, diversificación energética y redefinir el papel del Estado. Pero mientras se diseña esa transformación, Bolivia debe resolver dos urgencias: la escasez de diésel y gasolina y una subvención fiscalmente insostenible. Bolivia debe retirar las subvenciones generalizadas y permitir que los precios reflejen progresivamente los costos económicos reales. El problema es cómo hacerlo sin que la terapia termine antes con el paciente. Por eso se propone el token energético como una tercera vía entre mantener indefinidamente combustibles baratos para todos y aplicar otro gasolinazo de golpe.
Aunque se aumenten los precios internos, si estos vuelven a quedar fijos mientras sube el petróleo internacional, la subvención reaparece automáticamente. Bolivia compra buena parte de sus combustibles en dólares y a precios internacionales, pero los vende en bolivianos a precios administrados. Cuando aumenta el costo externo y el precio interno no acompaña, el Estado paga la diferencia. La subvención queda así como un cheque abierto contra el precio internacional y el consumo.
El token cambia la lógica: en lugar de subsidiar litros, subsidia personas y actividades, y pone un límite explícito al gasto. No es una criptomoneda ni un objeto negociable, sino un derecho individual a consumir mensualmente una cantidad determinada de energía subsidiada. Funciona como los gigas de un plan de telefonía: cada beneficiario recibe un saldo; mientras exista saldo, consume con protección estatal; cuando se agota, puede seguir consumiendo, pero paga el precio de mercado. Una familia con un vehículo pequeño podría recibir un cupo básico; un taxista, un cupo mayor vinculado a su actividad; un vehículo de lujo, ninguno. Se protege así la necesidad social y productiva, no todo consumo.
El sistema además puede reconocer la intensidad del trabajo. Un taxista que recorre más kilómetros, un transportista que mueve más toneladas o un agricultor que trabaja más hectáreas podría recibir un cupo mayor si la actividad está comprobada. Así se evita castigar al que produce más por agotar antes su asignación. Cuando el cupo se termina, no se acaba el combustible: se acaba únicamente el subsidio. Si un usuario dispone de 180 unidades protegidas y consume 200, las primeras 180 reciben la ayuda estatal y las restantes 20 se pagan a precio pleno, todo en la misma operación.
La propuesta también busca reducir arbitraje, contrabando y mercados negros. Para ello combina trazabilidad desde la importación hasta el surtidor con una “triple llave”: persona + vehículo + actividad económica. El beneficio no existe como ficha separada que pueda venderse, sino que está digitalmente asociado al beneficiario y a su consumo. Una vez agotado el cupo, cualquier compra adicional se realiza a precio de mercado, reduciendo el incentivo a revender combustible subsidiado. Parte del saldo no utilizado podría destinarse a electricidad, agua u otros beneficios, reduciendo aún más el incentivo a revender combustible.
La innovación fiscal más importante consiste en fijar el subsidio y no el precio. Hoy el Estado fija el precio interno y deja que el monto del subsidio fluctúe con el petróleo y el consumo. La propuesta invierte la ecuación: el Gobierno determina de antemano cuántos bolivianos subsidiará por cada unidad protegida y deja que el precio final refleje progresivamente el costo económico. Si cada unidad recibe, por ejemplo, Bs 5 de apoyo, el Estado aporta cinco aunque suba o baje el precio internacional. Conociendo las unidades asignadas, el Gobierno puede estimar mucho mejor su gasto. Y si necesita reducirlo, puede disminuir gradualmente el subsidio unitario o los cupos, evitando convertir cada ajuste fiscal en un gasolinazo nacional.
El token también puede impulsar la transición energética. Podría expresarse en unidades de energía utilizables en gasolina, diésel, gas natural o electricidad. Si el mismo saldo rinde más con gas natural o electricidad, el usuario tendrá incentivos para cambiar de tecnología. El subsidio dejaría de premiar combustibles importados y favorecería fuentes nacionales más eficientes.
Además, parte de las unidades no consumidas podría acumularse para financiar inversiones energéticas de los hogares: calentadores solares, paneles solares o, eventualmente, una fracción de un vehículo eléctrico. Se transformaría así una parte del subsidio al consumo en ahorro e inversión, sin crear necesariamente un gasto fiscal adicional, sino redireccionando recursos ya destinados a energía. En el futuro, también podría incentivar la carga de vehículos eléctricos en horas de alta generación renovable.
Nada de esto funciona, sin embargo, sobre una infraestructura de control defectuosa. Antes de hablar de inteligencia artificial, algoritmos o blockchain, Bolivia necesita medir bien. Identificar correctamente vehículos, estaciones, volúmenes comprados y vendidos, modernizar sistemas como el B-SISA y contar con una legislación seria de protección de datos personales. Primero contabilidad y trazabilidad; después Silicon Valley.
El token no resuelve por sí solo la crisis ni define beneficiarios, montos o plazos: esas son decisiones políticas. Su aporte es cambiar la arquitectura del sistema. Permite pasar de una subvención generalizada, ciega, regresiva, abierta e impredecible a otra focalizada, limitada, transparente y compatible con la transición energética. Bolivia podría así evitar la falsa elección entre subvención eterna y gasolinazo, protegiendo necesidades esenciales mientras reduce el costo fiscal y acerca los precios al costo real.
La propuesta está sobre la mesa. Que comience el debate.
