Se abre una (nueva) semana de conflictos en Bolivia. Esto, de principio, no debería ser una novedad en un país en el que las demandas generalmente se canalizan y se resuelven (o no) con movilizaciones: bloqueos, marchas, paros, huelgas, cabildos y otras variantes de protestas.
Esta vez, la demanda mayor gira en torno del Decreto Supremo 5676, que elimina la subvención del diésel para los grandes compradores y fija un precio referencial de Bs 18 por litro, mientras mantiene la tarifa subvencionada de Bs 9,80 para el transporte público y vehículos particulares.
Principalmente sectores agropecuarios han denunciado discriminación y que este decreto significa un incremento de más del 80% en un insumo clave para trabajar la tierra.
Además, los productores han alertado que pagar más por el diésel encarecerá el transporte de carga y elevará el precio de los alimentos en la canasta familiar.
En los últimos días, por este motivo, se han activado bloqueos en la carretera entre Santa Cruz y Beni, pese a la vigencia del estado de excepción. También los choferes del país han advertido con iniciar movilizaciones, de no abrogarse el resistido decreto. El transporte libre de Cochabamba determinó movilizaciones escalonadas, mientras que la CAO y el Comité pro Santa Cruz amenazaron con convocar a una Asamblea de la Cruceñidad.
Analistas y también la ciudadanía de a pie viene comentando, cada vez con mayor insistencia, sobre la posibilidad de que el actual gobierno no llegue a completar su mandato constitucional de cinco años. Esto, principalmente, a partir del escándalo de Fernando Cerimedo, el asesor argentino del presidente Rodrigo Paz acusado de tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito y presuntos vínculos con el narcotráfico, además de operaciones digitales a partir del descubrimiento de los investigadores de que manejaba una “granja de bots”.
Las actividades de este oscuro personaje han llegado a salpicar al entorno familiar del primer mandatario, y esto, más el pasado laboral del consultor político en diferentes campañas electorales de países de la región, ha resultado en una exposición mediática en toda América.
Lo de Cerimedo, denunciado por la que fue su pareja hasta el lunes 17 de agosto —exactamente hace dos semanas—, Nadia Beller, acabó siendo el detonante de un clima de malestar generalizado por un problema nunca resuelto: el de las filas en los surtidores por el diésel y la gasolina.
Ahora bien, el mal momento de Paz está siendo aprovechando por sus detractores político, especialmente por el evismo, cuyo líder, Evo Morales, viene expresándose por sus cuentas de redes sociales mientras que los dirigentes cocaleros ya han anunciado una marcha para el viernes, con lo que también se violaría el estado de excepción.
A ellos se les unirían los miembros de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y, aunque no lo han confirmado, también los de Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari.
Por los anuncios de movilizaciones y porque el Presidente no ha logrado disipar todas las dudas que han surgido con las denuncias de Beller de presunta corrupción, esta semana podría ser clave para el devenir del Gobierno, cuando todavía no ha cumplido ni diez meses de gestión.
