El bosque de Guerra Loma, Aritumayu, no es un distrito más. Es la frontera natural de Sucre con lo que le queda de bosque en sus alrededores, implantado hace más de cuatro décadas con pinos y eucaliptos, cumpliendo funciones que la ciudad parece haber olvidado. No es un bosque nativo, es cierto, pero con el tiempo se convirtió en un bosque de servicio: retiene suelos en una de las zonas con mayor pendiente y erosión laminar de la cuenca, regula la escorrentía que baja hacia la quebrada de Lajastambo, captura carbono y funciona como barrera cortavientos. Perderlo no es solo perder árboles; es acelerar el proceso de desertificación que ya se ve en las lomas peladas que rodean la ciudad.
Hoy ese escudo está siendo desmantelado por tres frentes simultáneos que actúan con total impunidad.
El primero es la tala hormiga. No se trata de una empresa forestal. Son grupos organizados que ingresan con motosierras, seleccionan los fustes de mayor diámetro y los comercializan como madera de encofrado y leña. Lo hacen de noche y de madrugada. El bosque se ralea, pierde cobertura y el suelo queda expuesto al impacto directo de la lluvia. Sin un plan de manejo, sin reforestación y sin control, cada árbol que cae es una pérdida neta.
El segundo frente es más complejo y más político: la urbanización ilegal. La mancha urbana de Sucre crece trepando los cerros. El mecanismo es conocido: se quema el pajonal, se limpia, se trazan calles con tractor y se venden lotes que nunca tuvieron aprobación de urbanización. El comprador, muchas veces de buena fe, construye una vivienda precaria y luego exige al municipio la dotación de servicios. Así, lo que empezó como un delito ambiental se convierte en un hecho social consumado que ninguna autoridad se atreve a revertir.
El tercer frente es el chaqueo agrícola. La ampliación de pequeñas parcelas a costa del bosque mediante el uso del fuego es una práctica ancestral que, en un contexto de cambio climático y de vientos de hasta 40 km/h en agosto, se ha vuelto criminal. El fuego de hoy aseguro que no fue un accidente. Fue una quema provocada para ganar quizás media hectárea de cultivo, pero que pudo haberse llevado por delante una vivienda y decenas de hectáreas de bosque. Recorriendo esa zona el anterior domingo tuve que obligar a apagar una de restos de un eucalipto que recién había talado.
Pero si lo anterior ya es grave, lo que ocurre a los pies de Guerra Loma nos lleva a otro nivel: el del riesgo vial y geológico inminente.
Guerra Loma no es un cerro cualquiera. Es un macizo con antecedentes de inestabilidad, conformado por lutitas y areniscas fracturadas. Su nombre no es casual. La instalación de una cantera de extracción y chancado de agregados justo en su pie de monte constituye una intervención de alto riesgo. Se está retirando el soporte natural de la ladera –el pie– y se está sobrecargando la parte media con toneladas de material suelto de desecho.
Cualquier ingeniero geotecnista lo sabe: esa es la receta perfecta para un deslizamiento rotacional de gran magnitud. Vibraciones de maquinaria pesada, voladuras, infiltración de agua en las grietas y sobrepeso. El día que el cerro ceda, no caerán solo piedras sobre la carretera. Se vendrá abajo un volumen de miles de metros cúbicos que sepultará por completo la autopista Sucre-Oruro y, por ende, a La Paz.
Hablamos de la única vía asfaltada y moderna que vincula a la capital con el occidente del país. Una obra que costó más de 30 años de lucha cívica, marchas y una inversión superior a los 100 millones de dólares. Cortar esa vía por un derrumbe inducido generaría un daño económico millonario y, lo más importante, pondría en riesgo la vida de quienes transitan a diario.
La pregunta es inevitable y debe ser respondida con documentos, no con discursos: ¿Quién autorizó esta cantera? ¿Cuenta con Licencia Ambiental emitida por la Gobernación? ¿Cuenta con el aval de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que es la custodia de la franja de derecho de vía? La Ley 1333 y su reglamento exigen un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Integral de Categoría 1 para cualquier actividad que implique movimiento de tierras en zonas de alta pendiente y cercanas a infraestructura estratégica. Si ese estudio existe, que se haga público.
Sucre no puede seguir administrando su territorio con la lógica del avasallamiento. Necesitamos decisiones.
Primero, la paralización inmediata de la cantera y una auditoría geológica independiente a cargo de la ABC y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia filial Chuquisaca.
Segundo, la delimitación física y legal del bosque del Distrito 8. Que el Concejo Municipal diga con coordenadas cuál es el área protegida, qué categoría tiene y que asigne presupuesto para guardabosques municipales. Un área protegida con tímidos letreros, sin guardaparques y sin plan de manejo es una ficción.
Tercero, procesos reales por delitos ambientales. El chaqueo ilegal y la tala sin autorización están tipificados en el Código Penal. No basta con comunicados.
Hoy es humo en el bosque. Mañana puede ser el cerro entero sobre la autopista.
