El campo político sale de su modorra y empieza a tomarle el pulso a la crisis. Finalmente, tocan la tecla do, abandonan su desorejada actitud y se ponen a tono con la realidad.
El anuncio presidencial de estar predispuesto a impulsar una reforma constitucional parcial y buscar a líderes políticos y de bancadas para el efecto; el primer acuerdo legislativo para impulsar la reforma parcial de la Constitución; la presentación de propuestas al Parlamento de iniciativas por parte de fuerzas políticas, así como la reiterada exigencia de intelectuales de abordar el tema, dan la impresión de que se está retomando el camino de considerar lo importante.
De inicio, se vislumbran dos tendencias para el tratamiento de la reforma constitucional: por un lado, unos apuntan a una reforma parcial y, por otro, a una reforma total. En ambos casos existen motivaciones políticas que deben ser transparentadas, en la medida en que una reforma constitucional debe responder a los cambios políticos, sociales, económicos, morales e históricos que se producen y ser regulada por normas fundamentales. En suma, es una necesidad, no un capricho.
Una reforma parcial no altera la estructura fundamental ni los principios básicos de lo regulado para el funcionamiento del Estado, en tanto que una reforma total, justamente, apunta a efectuar profundos cambios tanto en la estructura como en los principios básicos del Estado, debido a que estos han sido superados por el tiempo y han caído en la obsolescencia por diversas circunstancias.
La convivencia de lo obsoleto con la renovación producirá, en el futuro, colisiones, y cualquier reforma parcial sería parte del conflicto, mas no de la solución. Las eventuales respuestas, al no llegar al fondo de la crisis, serían un placebo.
Una tarea de semejante magnitud no puede ni debe ignorar el carácter de la crisis por la que atraviesa el Estado, que no es funcional ni algo pasajero y que no puede ser resuelta con medidas parciales y circunstanciales. Es una crisis orgánica, que se manifiesta por la pérdida de legitimidad de la autoridad y del consenso de la clase dirigente ante la ciudadanía. Esto ha provocado una inestabilidad irresoluble del sistema político, económico y social. Para salir de ella, se requieren profundos cambios y la necesidad de reemplazar al Estado obsoleto y fracasado por otro que recoja las aspiraciones ciudadanas, permitiendo la apertura de una nueva era que no es comprendida por los reformadores parciales.
El punto de partida para este cambio de era está en cambiar las reglas de juego por otras que respondan a los requerimientos de la democracia moderna. Una reforma constitucional parcial deja implícita la aceptación de que el Estado Plurinacional no ha fracasado, que está vigente y que solo requiere de algunos ajustes para que funcione. Se ignora que, históricamente, ha llegado a su fin y que es la causa central de la crisis integral por la que atraviesa Bolivia. Por ello, se deben efectuar cambios que superen la era plurinacional.
Es previsible que una reforma parcial o total sea el pretexto para que la conspiración se reactive con mayor vigor. Entonces, el lugar de las definiciones no será el Parlamento, sino la calle. No hay posibilidad alguna de que una reforma parcial evite las tensiones y confrontaciones entre las fuerzas democráticas y las autoritarias.
Si esto es así, ¿por qué no enfrentar de una vez por todas el desafío de la reforma total y prepararse para una lucha inevitable? Suponer que desde el Chapare no se activarán medidas de resistencia a cualquier cambio es, cuando menos, ingenuo.
Empero, supongamos que la reforma parcial se produce y finalmente es promulgada después de todos los escollos. Los impulsores de la misma nos están ofreciendo la construcción de un Estado híbrido, en el que los restos del pasado se mezclarán con algunos rasgos democráticos, que serán parte de la contradicción y se mantendrán en pugna permanente.
Al no haberse resuelto la contradicción y haberse solo postergado el conflicto, en la lucha política vencerá aquel que acumule más fuerzas e imponga su ley, de tal modo que un nuevo texto constitucional parchado contribuirá a mantener la inestabilidad y la incertidumbre, con una institucionalidad frágil sometida a los vaivenes de las pugnas cotidianas, porque tanto las fuerzas democráticas como las autoritarias habrían sido legitimadas por el texto constitucional.
La crisis es tan profunda que las soluciones deben tener un correlato similar. El proceso de descomposición prolongado, con una ingobernabilidad perpetua, el bloqueo permanente de los órganos del Estado, la polarización y la violencia estatal y social, y la división de la sociedad en fracciones irreconciliables perpetúan el caos, con el peligro de que la sociedad, cansada y arrinconada en su comodidad, no descarte la reinstalación de un régimen autoritario y posibilite que el neopopulismo fascistoide cobre nueva fuerza y la democracia sea prescindible.
Con una reforma parcial o total habrá conflicto. Empero, vale la pena enfrentar el mismo con una reforma total, porque permitiría la instalación de valores y principios democráticos diferentes que aplasten culturalmente el pasado dictatorial. La convivencia entre democracia y autoritarismo no es posible.
La apertura de una nueva era está en juego. Todo es cuesta arriba, pero el desafío está planteado y la respuesta es ahora.
