Hay noticias que valen más por las preguntas que abren que por el escándalo que provocan. El audio difundido el domingo por el portal “Brújula Digital”, en el que Fernando Cerimedo reconoce que estaba “trabajando” con Walter Chávez, pertenece a esa categoría.
Cerimedo no es un consultor cualquiera. Su trayectoria está asociada a la nueva derecha latinoamericana y a campañas de figuras como Javier Milei y Jair Bolsonaro. Chávez, en cambio, tiene una trayectoria estrechamente vinculada al MAS: fue asesor de Evo Morales y participó en campañas de ese partido, aunque también asesoró posteriormente a dirigentes de otras fuerzas, como Luis Fernando Camacho.
Por eso sorprende que ambos hayan tenido una relación de trabajo. No porque personas de distintas ideologías tengan prohibido conversar o hacer negocios, sino porque el hecho plantea una pregunta incómoda: ¿qué ocurre con las convicciones cuando aparece un interés económico?
La revelación adquiere mayor importancia por un antecedente inmediato. “Brújula Digital” informó, también, que el Gobierno de Rodrigo Paz contrató, a comienzos de año y con fondos de cooperación internacional, a Manuel Canelas, Leila Medinaceli, Walter Chávez y Pablo Cingolani para trabajar en comunicación estratégica para el Ministerio de Economía y el Gobierno central. Según ese medio, elaboraron informes que llegaron a conocimiento del presidente y se reunían para diseñar una campaña política. La información señala a la Unión Europea como entidad contratante.
Chávez negó haber tenido asesorías o reuniones de trabajo con el Gobierno. Sin embargo, el audio divulgado ayer muestra a Cerimedo hablando de un trabajo con él. La conversación está fechada el 13 de abril.
Aquí conviene detenerse. El audio demuestra un contacto y una relación de trabajo según las palabras de Cerimedo. No demuestra quién contrató a Chávez, cuánto cobró, quién pagó ni cuál era exactamente la tarea encomendada. Tampoco prueba que el Gobierno haya contratado a Cerimedo a través de Chávez. Esas preguntas deben investigarse.
Pero hay una pregunta política que ya puede formularse: ¿qué queda de la ideología cuando aparecen los negocios?
Durante años, Bolivia ha soportado una política construida alrededor de trincheras ideológicas. Si personas situadas en extremos aparentemente opuestos pueden sentarse a trabajar juntas cuando aparece una oportunidad profesional, habrá que preguntarse cuánto de aquellas diferencias era convicción y cuánto era también mercado político.
No sería la primera vez que un consultor trabaja para clientes ideológicamente distintos. Chávez ya asesoró a Camacho, según “Brújula Digital”; pero justamente por eso la sociedad tiene derecho a conocer las reglas del juego cuando el dinero procede de recursos vinculados al Estado o de cooperación internacional.
El asunto no es perseguir a nadie por sus ideas ni cuestionar que un profesional venda sus servicios. El problema aparece cuando no sabemos quién paga, para qué paga y qué recibe a cambio.
Si Cerimedo y Chávez trabajaron juntos, corresponde saber por qué. Si hubo pagos, saber quién los hizo. Si hubo intermediarios, identificarlos. Y si esa relación tuvo conexión con la asesoría al Gobierno, establecerla documentalmente.
La pregunta más incómoda no es si la izquierda y la derecha pueden sentarse en una misma mesa. Claro que pueden. La pregunta es otra: cuando se sientan, ¿hablan de ideología o de dinero? Porque si las convicciones tienen un precio, lo mínimo que corresponde es saber quién lo pagó y quién lo cobró.
