Una celebración religiosa y cultural que ha unido a Potosí y Sucre desde sus orígenes terminó convertida, esta vez, en motivo de confrontación. La decisión del alcalde Williams Cervantes de impulsar una entrada propia en honor a la Virgen de Guadalupe, como respuesta a la ausencia del Tinkuy Tolckas Huachacalla de la festividad sucrense, puede entenderse como solidaridad con la fraternidad potosina. Lo difícil de justificar es que una diferencia folclórica haya adquirido dimensiones de disputa regional.
La controversia comenzó cuando la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Chuquisaca sancionó al Tinkuy Huachacalla por observaciones sobre el supuesto consumo de bebidas alcohólicas, sin haber resuelto previamente sus observaciones con los dirigentes de la agrupación potosina. La fraternidad denunció amenazas y decidió no participar. El Alcalde potosino exigió disculpas y llegó a advertir que la falta de una reparación podría afectar proyectos de integración entre ambos departamentos. Además, promovió una entrada paralela que plantea una pregunta: ¿Era necesario trasladar un conflicto entre una fraternidad y una organización folclórica al terreno de las relaciones entre dos ciudades? La ironía es evidente. La Virgen de Guadalupe es uno de los mejores ejemplos de los vínculos históricos entre Potosí y Sucre. La devoción que hoy se identifica con la capital chuquisaqueña tiene una historia que pasa primero por Potosí con Fray Diego de Ocaña llegando a esta ciudad en 1600, tallando y pintando la imagen luego entronizada en San Francisco para, finalmente, promover su culto. Al año siguiente, por iniciativa del obispo de Charcas Alonso Ramírez de Vergara, el mismo Diego de Ocaña se trasladó a La Plata para pintar otra imagen que dio origen a la tradición guadalupana sucrense. No hay, por tanto, una historia de Guadalupe que pueda contarse separando a ambas ciudades.
Tampoco corresponde establecer una competencia sobre quién tiene “más derecho” a la Virgen; faltaba más. Potosí conserva una imagen histórica y una devoción propia, con una celebración anual en San Juan.
Sucre, por su parte, ha construido alrededor de esta advocación una de las mayores manifestaciones religiosas y folclóricas del país, ahora inscrita nada más ni nada menos que en la lista del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Unesco.
Hay, además, una diferencia que convendría preservar: la fe no pertenece a ninguna autoridad política. Una Alcaldía puede apoyar una expresión cultural o promover el patrimonio de su ciudad, pero no debería convertir una celebración religiosa en motivo de disputa regional.
Tampoco es prudente vincular una controversia folclórica con proyectos como el tren turístico o la integración vial. Las obras públicas y las relaciones institucionales no pueden depender de una sanción o de la participación de una fraternidad en una entrada folclórica. Mezclar esos asuntos solo profundiza un conflicto que tendría que resolverse, lisa y llanamente, mediante el diálogo.
En cuanto a la organización de la festividad de la Virgen de Guadalupe, las sanciones deben estar sustentadas en reglas conocidas, aplicarse con criterios uniformes y comunicarse sin descalificaciones. Si hubo excesos, corresponde investigarlos.
La defensa de la disciplina no puede convertirse en humillación, así como la defensa de una fraternidad tampoco transformarse en una especie de declaración de guerra entre ciudades.
La historia común de Sucre y Potosí, que por supuesto trasciende la cuestión religiosa aquí abordada, más que cualquier fiesta o sanción. Por lo demás, si Guadalupe nació como un vínculo, no debería ser usada como frontera.
