El pedido del presidente Rodrigo Paz a Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina de que apoyen en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) los proyectos que impulsa su gobierno plantea una cuestión que va más allá de una eventual alianza política: cómo convertir la coincidencia electoral en una agenda de Estado.
Paz tiene razón en algo esencial: El país no puede permitirse que una Asamblea con una composición política distinta a la de los últimos años termine reproduciendo las mismas prácticas de bloqueo que contribuyeron a agravar la crisis. El Presidente ha señalado que existe una mayoría parlamentaria que piensa diferente al Movimiento Al Socialismo (MAS) y ha pedido a Tuto, Samuel y Manfred Reyes Villa ponerse de acuerdo para aprobar leyes sobre hidrocarburos, minería, medioambiente e inversiones, además de reformas constitucionales. Si existe coincidencia sobre la necesidad de cambiar el rumbo, hay que demostrarla con hechos, parece decir el primer mandatario.
Pero una cosa es pedir apoyo y otra pretender adhesión. Quiroga y Doria Medina no llegaron al Congreso como aliados del Gobierno. Cada uno tiene su propuesta y representa a electores que no le entregaron un cheque en blanco al Ejecutivo. De hecho, ambos ya han planteado reformas que consideran indispensables. El primero presentó un proyecto de reforma parcial de la Constitución y el segundo, que ya no está en plan oficialista, señaló hace tiempo la necesidad de modificar las reglas que dificultan las inversiones.
Por eso, la respuesta adecuada al pedido presidencial no debería ser un simple sí o un no. Debe ser el debate. Si el Gobierno considera que sus proyectos son necesarios para superar la crisis, tiene la obligación de explicarlos, transparentar sus alcances y aceptar que sean examinados y, cuando corresponda, modificados por el Legislativo. La ALP no está para levantar la mano a pedido del Ejecutivo, pero tampoco para convertir cada iniciativa en una disputa de poder.
Hay una diferencia importante entre las urgencias del momento y las reformas que cambiarán las reglas del Estado. Una ley para atender una emergencia económica puede requerir celeridad. Una reforma constitucional, en cambio, exige prudencia, discusión pública y acuerdos amplios. Confundir ambas velocidades sería un error que el país podría pagar durante muchos años.
Tampoco se debería interpretar la disposición al diálogo como subordinación. Unidad Nacional, por ejemplo, ya puso condiciones para participar en un acuerdo político; están vinculadas a problemas concretos como el combustible, el tipo de cambio, el empleo y las denuncias que involucran al exasesor presidencial Fernando Cerimedo. Tuto, por su parte, reclamó transparencia respecto del acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de comprometer su respaldo a la ley correspondiente, lo cual se cumplió ayer con la conferencia de prensa del Ministro de Economía.
El momento ofrece una oportunidad para no desperdiciar. Las fuerzas políticas tienen la posibilidad de demostrar que saben hacer política de otra manera: sosteniendo principios cuando corresponda y negociando.
Paz no necesita que Tuto y Samuel se conviertan en oficialistas. Lo que requiere es que concurran a construir acuerdos sobre aquello que puede sacar al país de la crisis. Y ellos tampoco deberían utilizar su fuerza parlamentaria para bloquear por bloquear. La ciudadanía no votó para que unos sustituyan a otros en el ejercicio del poder, sino para que el Estado vuelva a funcionar.
Si el pedido presidencial consigue abrir ese espacio de concertación, habrá sido una buena señal. Si termina convertido en una exigencia de obediencia, será apenas otra versión de la política que Bolivia precisamente quiere dejar atrás. (R)
