El país seguirá bajo estado de excepción después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional lo aprobara por otros 90 días, es decir, hasta diciembre. El argumento del Gobierno es evitar que vuelvan los bloqueos, que paralizaron buena parte del país durante 53 días, y garantizar la circulación de alimentos, combustibles, medicamentos y otros bienes esenciales.
Si el problema aquí es la recurrencia de los bloqueos como mecanismo de presión política y social, la solución debería ser una norma permanente que establezca consecuencias claras para quienes impidan deliberadamente la libre circulación. Lo que se necesitaba era una ley antibloqueos.
El estado de excepción puede ser utilizado en circunstancias extraordinarias, no es lo mejor convertirlo en una forma habitual de administrar los conflictos. Una democracia necesita mecanismos ordinarios para enfrentar conductas que afectan derechos de terceros. La protesta debe ser respetada, tal como lo dejó sentado en la sesión de este miércoles y madrugada de jueves el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano; pero ese derecho no puede convertirse en autorización para impedir que otros trabajen, estudien, se movilicen, reciban atención médica o accedan a alimentos y combustibles.
Los hechos ocurridos entre mayo y junio demostraron hasta dónde puede llegar el costo de los bloqueos. Hubo desabastecimiento, pérdidas económicas y personas que no pudieron recibir atención médica oportunamente. La experiencia tendría que haber servido para construir una respuesta jurídica permanente.
También corresponde mirar con atención a quienes rechazan la ampliación. Hay sectores que cuestionan la medida por razones institucionales, económicas o jurídicas, y sus argumentos merecen ser escuchados. Pero otros, como los vinculados al expresidente Evo Morales, han cuestionado la ampliación mientras dirigentes de organizaciones afines han advertido sobre nuevas movilizaciones.
Existe un antecedente a tomar en cuenta: aquellos bloqueos estuvieron protagonizados también por afines a Morales y tuvieron entre sus consignas el cuestionamiento al gobierno de Rodrigo Paz e incluso la exigencia de la renuncia del Presidente. Por ello, su rechazo puede interpretarse dentro de una disputa política más amplia, en la que la movilización callejera aparece como instrumento de presión. Eso no significa atribuir esa intención a todos los sectores que cuestionan la medida, pero tampoco sería serio desconocerla cuando existen antecedentes concretos.
El problema, sin embargo, no termina ahí. No se puede pretender que la sola vigencia del estado de excepción resuelva las causas del conflicto. Si durante otros 90 días las autoridades se limitaran a contener bloqueos, sin atender las razones legítimas del malestar que los provocó, al final del período volveremos al mismo punto.
Tiene que haber una política de Estado para los próximos meses. Se necesitan reglas claras, instituciones que las hagan cumplir y canales eficaces para resolver conflictos.
Los bolivianos no deberían vivir permanentemente entre bloqueos y estados de excepción. Lo excepcional tiene que volver a ser excepcional. Y la respuesta definitiva, estar en la ley, no en la prolongación indefinida de una emergencia.
