En Bolivia, todos hablan de Octubre como si fuera un recuerdo maldito. No es casualidad: es el peso de las crisis de Octubres anteriores, que dejaron una memoria colectiva marcada por la violencia, la incertidumbre y la convulsión social. Cada vez que llega Octubre, el pasado parece volver a hacerse presente. La conversación sobre Octubre combina los peores presagios con la ansiedad de no ver una salida clara a la crisis.
Atravesar exitosamente Octubre pasaba por la capacidad del gobierno del Presidente Paz de desactivar 4 "bombas" paralelas: 1) el crecimiento de la impaciencia ante la escasez del diésel, 2) la extensión del estado excepción y la posibilidad de que igual se generen nuevos bloqueos y protestas masivas, 3) el impulso real que se le dé o no a cambiar la Constitución, y 4) la posibilidad de llegar a un acuerdo con el FMI. Hoy la pregunta cambia: ya no es si el gobierno actuará, sino qué tan caro le saldrá haberlo hecho.
Bomba #1 - ya explotó: El gobierno no se limitó a abrir la importación de combustible a privados, como venía anticipándose. Fue más lejos: eliminó por completo el subsidio al diésel mediante el Decreto 5716, que ata el precio al valor internacional.
- El gobierno defendió la medida con argumentos contundentes: el subsidio beneficiaba a más del 50% de los sectores de mayores ingresos y a apenas 7% de los hogares pobres, le costaba al país 3,9 puntos del PIB, y un importante % del combustible importado terminaba en manos de contrabandistas.
- Para amortiguar el golpe anunció un paquete compensatorio —un bono para 2,9 millones de personas, un aumento del Bono Juancito Pinto, créditos blandos para transportistas y gremiales.
- La reacción fue mixta y previsible: los gremios dieron un apoyo cauteloso, exigiendo abastecimiento garantizado y transparencia en los costos; los sindicatos rechazaron la medida y ya anuncian paros.
- La “oportunidad” para el gobierno pasa por generar las condiciones para que en efecto el combustible (de buena calidad) llegue, se acaba la escasez, se sienta la batalla contra el contrabando, y sobre todo por una ejecución impecable de las medidas compensatorias.
Bomba #2 - ya explotó: La Asamblea Legislativa aprobó extender el estado de excepción por 90 días más. La extensión confirma un escenario que prioriza el control del orden sobre la velocidad de sus reformas.
- El vicepresidente Lara insiste en que, por el artículo 140.III de la Constitución, no puede convocar a sesión de reforma constitucional mientras el estado de excepción siga vigente. Por otro lado, el presidente del Senado, Diego Ávila, le respondió públicamente que el trabajo preparatorio de la reforma —mesas técnicas, consensos, socialización— puede continuar igual, aunque el referéndum formal quede congelado.
- La oportunidad para el gobierno sigue en pie, posicionar con mucha mas contundencia que la mayoría de los Bolivianos privilegia el orden, y que los bloqueos nos perjudican a todos.
Bomba #3 - se movió el calendario: La consecuencia más dura de la extensión del estado de excepción es que el referéndum de reforma constitucional se posterga formalmente hasta 2027. Reformar la Constitución puede convertirse en el gran legado de Rodrigo Paz y de toda una generación de políticos en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.
- Aunque la consulta sobre la reforma se haga en 2027 el Gobierno debe poner sobre la mesa los cambios estructurales que Bolivia necesita: nuevas reglas para atraer inversión extranjera en hidrocarburos, litio, minería y energía, y una mayor autonomía para gobernaciones y municipios, entre otros temas de fondo.
- En medio de la crisis parece seguir existiendo una circunstancia inusual: un espacio de consenso parlamentario para discutir la reforma constitucional.
- El desafío político, sin embargo, es mucho mayor que conseguir los votos en la Asamblea. Se trata de pasar de una reforma hecha con los partidos a una reforma hecha con los bolivianos: una reforma explicada, debatida y apropiada por la ciudadanía, que no sea percibida como un acuerdo entre élites políticas sino como un nuevo pacto sobre el futuro del país.
Bomba #4 - ya tiene fecha: El Congreso boliviano aprobó el viernes 18 de septiembre, con respaldo superior a los dos tercios en ambas cámaras, el crédito de 1.900 millones de dólares que Bolivia y el FMI habían acordado técnicamente a fines de julio. Falta un último paso, pero ya con fecha concreta: la ratificación del Directorio Ejecutivo del FMI, prevista para el 2 de octubre, después de la cual se espera un primer desembolso cercano a los 250 millones de dólares.
De haberse producido antes, esos recursos le habrían dado al gobierno un margen de maniobra importante para enfrentar octubre —el mes más simbólicamente peligroso del calendario boliviano— desde una posición de mayor fortaleza y no de urgencia; llegando apenas unos días antes, el margen será más ajustado pero sigue siendo real.
De todas las bombas, esta sigue siendo probablemente la más delicada en términos narrativos: el gobierno tiene que explicar mucho mejor por qué Bolivia necesita recurrir al FMI cuando, durante la campaña, el propio Paz sostuvo en repetidas ocasiones que no era necesario.
En un país donde "FMI" todavía evoca ajuste, pérdida de soberanía y hasta la idea de entregar los recursos naturales, el desafío no es solamente conseguir los recursos: es construir una narrativa que permita a los bolivianos entender por qué esta vez el FMI puede ser parte de la solución y no el problema.
No existe estrategia política sin estrategia de comunicación. Y detrás de estas cuatro bombas hay un desafío narrativo superior: reconectar al gobierno con una historia de transformación profunda. Si muchos ciudadanos siguen pensando que no hay cambio, entonces es irrelevante si se sobrevive a Octubre. Porque lo que está en juego no es solamente sobrevivir octubre: es recuperar —o perder definitivamente— la expectativa de cambio y, con ella, la posibilidad de trascender.
Después de octubre viene noviembre y, con él, el primer aniversario de la toma de posesión del Presidente. Tres de las cuatro bombas ya explotaron —dos a costa de un desgaste social que todavía puede reactivarse en forma de bloqueos, una tercera estirándose un año—, y la última tiene por fin una fecha concreta en el calendario.
Si Rodrigo Paz logra convertir estas cuatro bombas en oportunidades —o, al menos, evitar que exploten simultáneamente en octubre—, el gobierno podría estar ante un nuevo momento político: mejores vientos para impulsar su propia agenda de transformaciones y dejar atrás, finalmente, la lógica de la supervivencia.
El primer año de Paz puede terminar marcado por las crisis que logró contener o por las transformaciones que logró iniciar. La diferencia está en lo que haga con estas cuatro bombas.
Ricardo Amado Castillo es profesor de The George Washington University (2012-2024) y Consultor Político
