La discusión sobre las tarifas del transporte público en Sucre y Potosí corre el riesgo de reducirse a una pregunta: ¿Cuánto debe subir el pasaje después del incremento del precio del diésel? En realidad, la pregunta correcta debería ser: ¿Cuánto debe pagar el usuario por un servicio que cumpla, además, condiciones de calidad, seguridad y eficiencia?
En general, el transporte nacional ha rechazado el Decreto Supremo 5716, por el que el Gobierno eliminó la subvención a dicho carburante. Al respecto, tanto en Sucre como en Potosí, los choferes decidieron replegar sus unidades; es decir, dejaron a los usuarios sin sus servicios.
En Potosí, la Alcaldía convocó a una comisión con transportistas y juntas vecinales para analizar el impacto del nuevo precio del combustible. El estudio conocido este lunes establece que el pasaje para mayores no debería superar los Bs 4.
En Sucre, un sector del transporte pretendió llevar el pasaje de Bs 3 a Bs 6. La Alcaldía se puso firme y mantuvo la tarifa vigente hasta la noche, cuando se reinstaló la mesa de negociación en la Villa Bolivariana.
Hasta aquí, la discusión parece sencilla: si aumenta un insumo principal, corresponde revisar la tarifa. Pero esto no significa trasladar automáticamente todo el incremento al bolsillo del pasajero.
Un detalle que todos parecen olvidar es que el transporte no vende combustible: vende un servicio. Y ese servicio arrastra desde hace años deficiencias que las autoridades no han conseguido corregir de manera efectiva. Vehículos antiguos, incumplimiento de rutas y frecuencias, falta de higiene, trameaje y cobros arbitrarios forman parte de una realidad que los usuarios conocen muy bien.
Lo más paradójico es que la legislación contempla este problema. La Ley General de Transporte Nº 165 establece que las tarifas deben considerar la eficiencia del servicio y dispone parámetros de calidad y seguridad, incluyendo rutas, horarios, frecuencias, condiciones de los vehículos e higiene.
Por eso, una hoja de costos no debería limitarse a cuánto gasta el transportista. Simultáneamente tendría que haber una hoja de calidad.
Si el pasaje aumenta, también deben subir las exigencias: frecuencia mínima, cumplimiento de rutas y horarios, vehículos en condiciones adecuadas, limpieza, seguridad, accesibilidad, identificación de conductores y mecanismos eficaces para denunciar abusos.
Durante demasiado tiempo, en Bolivia, el usuario quedó atrapado entre dos discursos: cuando se elevan los costos, se le explica que el pasaje debe aumentar; cuando reclama por la mala calidad, se le responde con controles ocasionales.
Esa lógica debe terminar.
El transporte público es un servicio regulado y la tarifa, la contraprestación por ese servicio. Por eso, a una nueva tarifa debe corresponderle un nuevo estándar de servicio.
La crisis del diésel puede ser algo más que una pelea económico. Quien recibe autorización para transportar pasajeros y cobra por hacerlo, debe obtener ganancias y, además, demostrar que presta el servicio en las condiciones exigidas por la autoridad. El usuario no tiene por qué pagar más por un mal servicio.
